“Todo el sistema de justicia se apoya siempre en la confianza que la población deposita sobre las instituciones encargadas de administrar justicia. Se parte de la confianza que tiene cada individuo de que su caso, o cualquiera de trascendencia pública que le interesan, serán tramitados para su resolución por Jueces IMPARCIALES, independientes de cualquier tipo de interés o presión” menciona en principio el comunicado firmado por el presidente de la asociación, el doctor Marcelo Varona Quintian.

En el pronunciamiento, agregan que “por esa razón la actividad de los Jueces durante el juicio seguido a Leonardo Aquilanti - nada menos que por hechos de corrupción-, asistiendo y dando indicaciones a la defensa, pero con mayor escándalo, asumiendo un rol activo al interrumpir y objetar por decisión propia a los Sres. Fiscales cuando interrogaban a testigos, ponen en evidencia no solo una pérdida de la imparcialidad y el equilibrio que debe representar el juez frente a las partes, sino también un decisivo rol hacia la decisión que finalmente tomaron de absolver”.

El texto, aprobado por la Comisión Directiva de la AAF prosigue mencionando que “Como señala el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Asunto C-791/19: "...47. Estos requisitos de independencia e imparcialidad presuponen, en particular, reglas que permitan disipar cualquier duda razonable en el espíritu de las personas sobre la insensibilidad de los órganos afectados a los factores externos y su neutralidad con respecto a los intereses que tienen ante sí. En ese sentido, la independencia judicial se refiere no solo al desempeño de las funciones judiciales en casos concretos, sino también a la organización judicial y a la cuestión de si el órgano en cuestión ofrece garantías que aseguren una "apariencia de independencia ‘’ capaz de mantener la confianza que los tribunales deben inspirar en una sociedad democrática...”.

Resaltan además, en un marco institucional “que en atención a que los Fiscales intervinientes han puesto en conocimiento las graves inconductas procesales de los jueces, solicitando además la nulidad del debate, entendemos que el caso debe correr por las vías procesales correspondientes”.

La Asociación Argentina de Fiscales en su pronunciamiento destaca que las magistradas, “deben responder, en el mejor de los casos, por mal desempeño en la función”.

“Los hechos son gravísimos, y puestos en conocimiento de toda la población a través de la videograbación de la audiencia. Pocas veces se ha visto una actitud “proactiva” de jueces favoreciendo a una de las partes del proceso. Nótese que una cosa es resolver arbitrariamente un caso y otra muy distinta desplegar actitudes y decisiones que evidencian una pronunciada inclinación. A luces de lo ocurrido, la absolución se muestra como una decisión producto de ese ánimo y no como una decisión producto del análisis de las evidencias y argumentos de las partes” con lo cual se abre una brecha altamente conflictiva y poniendo a las magistradas denunciadas en difícil situación.