Argentina pidió frenar la entrega de acciones de YPF y advirtió sobre riesgos diplomáticos

Argentina formalizó su pedido para que se mantenga suspendida la entrega de acciones de YPF, como había ordenado la jueza Loretta Preska, en el marco de la causa por la expropiación de la petrolera. El planteo fue presentado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, donde el país intenta extender la pausa de la ejecución hasta que finalice el proceso de apelación.

El escrito sostiene que ejecutar la orden de Preska causaría un daño irreparable, y que una vez transferidas las acciones sería imposible revertir el perjuicio. Además, la presentación remarcó que forzar esa entrega atentaría contra la legislación interna argentina, vulneraría tratados internacionales y afectaría la inmunidad soberana del país.

“Ejecutar la orden sin suspensión generaría consecuencias irreversibles”, señala el texto difundido por la Procuración del Tesoro. Entre los puntos más delicados, advierte sobre la posible pérdida de control estatal sobre YPF y los efectos que ello tendría sobre el interés público, los accionistas y el funcionamiento de la compañía energética.

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Uno de los argumentos más contundentes se apoya en la posición del propio Gobierno de Estados Unidos, que cuestionó el fallo de Preska por ir contra la interpretación histórica de la Ley de Inmunidades Soberanas. En ese sentido, la defensa argentina citó al Departamento de Justicia norteamericano y pidió atender también los principios de cortesía internacional.

La apelación incluye réplicas a las presentaciones realizadas el 17 de julio por los demandantes Petersen/Eton Park y Bainbridge. En ambos casos, Argentina sostuvo que no existe riesgo de disolución de activos, ya que por ley no pueden transferirse acciones de YPF sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional.

El descargo también remarcó que los demandantes no demostraron perjuicios concretos por la suspensión, mientras que la Argentina sí enfrenta riesgos severos si se concreta la entrega. “La pérdida de las acciones tendría un impacto directo sobre la soberanía energética del país”, señalaron desde la defensa.

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En el caso Bainbridge, además, se insistió en que no existe justificación para exigir garantías adicionales, dado que el marco legal argentino asegura el mantenimiento del statu quo. También se reiteró que una ejecución forzada de la sentencia podría generar represalias internacionales contra Estados Unidos.

“El Gobierno continuará defendiendo los intereses de la República con firmeza jurídica y respeto por la soberanía”, señalaron desde la Procuración del Tesoro. La respuesta también apuntó a la gestión anterior, a la que acusan de negligencia en el proceso que derivó en el fallo.

La Corte de Apelaciones podría definir en los próximos días si accede al pedido argentino de mantener suspendida la ejecución mientras dure la apelación o si habilita la entrega inmediata de las acciones, lo que sentaría un precedente internacional sensible.

Fuente: NA.