JUEZ FEDERAL SUSPENDE AUMENTO DE PREPAGA

El pasado 31 de enero, el juez federal subrogante de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto rechazó el aumento en la cuota de una prepaga para un afiliado de 78 años, sentando un precedente que podría dar lugar a más amparos. Este fallo se produce en el contexto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, que permite el libre incremento de las cuotas en prepagas y afiliaciones voluntarias de obras sociales.

La medida cautelar presentada por el afiliado en cuestión llevó al juez a ordenar a la empresa de medicina prepaga del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires (Servicios Consejo Salud Simeco) a revertir el aumento específico de este caso.

El fallo ha generado un aumento en las presentaciones de amparos contra los incrementos en las cuotas de las prepagas. Rubén Torres, director de Políticas Sanitarias y Salud Pública del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (Ipegsa), advirtió sobre la posibilidad de una "convulsión" cuando aparezca la primera demanda colectiva.

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LA JUSTICIA SUSPENDIÓ LOS AUMENTOS LIBRES DE LAS PREPAGAS

Expertos legales explican que este fallo solo resuelve el problema para el afiliado que presentó la cautelar. Lorenzo Barone, profesor de la Cátedra Procesal Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba, destacó que esta medida es provisional y urgente, ya que involucra la afectación de dos derechos constitucionales: la propiedad (afectada por el aumento de la cuota) y el acceso a la salud.

La edad del afiliado en cuestión subraya la falta de consideración especial para los adultos mayores en el DNU. Torres señala que el Estado debería proteger a los jubilados y grupos vulnerables, ya que el aumento indiscriminado de las cuotas podría dejar desamparados a quienes han aportado al sistema durante décadas.

Torres sugiere que las prepagas podrían estar intentando deshacerse de los pacientes mayores para centrarse en un grupo más joven y de menor costo. La falta de atención de calidad y equidad en el sistema de salud público ha llevado a que muchas personas busquen seguros privados.

El especialista estima que aproximadamente el 10% de los argentinos cuentan con una prepaga, pero excluyendo los planes corporativos, la cifra baja a menos de dos millones de habitantes.

El alcance del fallo del juez no se extiende automáticamente a otros afiliados, pero podría servir de precedente para futuros amparos o incluso acciones colectivas. La apelación de Simeco está en proceso, y el resultado de la segunda instancia determinará si este fallo se convierte en jurisprudencia.

El debate sobre la falta de regulación específica para grupos vulnerables, como jubilados y enfermos crónicos, plantea la necesidad de revisar el marco legal actual para garantizar una atención de calidad y equitativa para todos los ciudadanos.