Los delincuentes cibernéticos habían logrado vaciar las cuentas al Municipio de Chichinales. La rápida denuncia ayudó a recuperar el dinero público.
EXTORSIÓN EN PROTESTAS: 27 DIRIGENTES IMPUTADOS
Una investigación reciente, ha llevado a la imputación de 27 dirigentes sociales por presunta extorsión en relación con la asistencia a protestas.
Actualidad 14 de mayo de 2024
REDACCIÓN
Operación contra extorsión en protestas: Casi 30 allanamientos y múltiples imputados.
En una ofensiva sin precedentes, alrededor de 30 allanamientos fueron realizados en el día de hoy como parte de una investigación liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, en respuesta a una denuncia del Ministerio de Seguridad sobre posibles extorsiones relacionadas con la asistencia a manifestaciones. Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos comedores y residencias, abarcando a varios dirigentes sociales.
Imputados por extorsión
La investigación ha identificado a 27 dirigentes sociales, incluyendo nombres como Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti del Partido Obrero, así como otros dirigentes de Barrios de Pie y diversas organizaciones sociales. Todos ellos han sido imputados por el delito de extorsión en relación con la asistencia a protestas.
Según la fiscalía, los dirigentes implementaron varios métodos de extorsión, incluyendo la imposición de "multas" a quienes no asistieran a las manifestaciones, amenazas de quitar la ayuda estatal o de retener los alimentos distribuidos por el Estado Nacional. Además, se detectaron prácticas coercitivas como la obligación de vender alimentos o la asistencia forzada a las protestas bajo la amenaza de perder beneficios sociales.
Pruebas contundentes
La fiscalía cuenta con evidencia en forma de mensajes que revelan las prácticas coercitivas de los imputados, incluyendo sanciones por no asistir a marchas específicas o por no cumplir con las exigencias impuestas. Estas pruebas respaldan los cargos de extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los allanamientos y la investigación telefónica han revelado una trama de acciones ilegítimas que desviaron fondos públicos destinados a la asistencia social hacia fines lucrativos y de control político. Los imputados, violando los deberes a su cargo, habrían perjudicado gravemente los intereses confiados a ellos, según la fiscalía.
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