CONDENAN A LÁZARO BÁEZ POR APROPIACIÓN INDEBIDA DE FONDOS

El jueves pasado, el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N°3 publicó los fundamentos de las condenas dictadas a Lázaro Báez y otros seis directivos y profesionales de Austral Construcciones y empresas asociadas. Las penas, que llegan hasta los 3 años y 6 meses de prisión, responden a 134 hechos de apropiación indebida de recursos de la seguridad social cometidos entre 2011 y 2016.

Condenas y Sentencias
El tribunal, integrado por el juez Jorge Alejandro Zabala, impuso a Lázaro Báez una pena de 3 años y 6 meses de prisión. Su hijo, Martín Antonio Báez, Claudio Fernando Bustos y Julio Enrique Mendoza recibieron 2 años y 6 meses de prisión en suspenso. Jorge Oscar Chueco, Luciano Donaire y Fabián Alfredo Suárez fueron condenados a 2 años de prisión en suspenso.

Detalles del Juicio
El fiscal Pablo Nicolás Turano, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), argumentó que los acusados no depositaron en tiempo y forma los montos retenidos a los empleados en concepto de aportes al sistema previsional. Esta conducta se repitió en 134 ocasiones, según las pruebas presentadas, que incluían testimonios de empleados, recibos de sueldo, declaraciones juradas y reconocimientos de deuda por parte de las empresas.

Pruebas y Argumentos
El tribunal valoró diversas pruebas para sustentar las condenas. Entre ellas, las declaraciones de empleados y los informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fueron cruciales. En su veredicto, el juez Zabala sostuvo que los acusados, con formación universitaria o técnica, y en roles de dirección, eran conscientes de que las sumas retenidas debían ingresarse al sistema previsional en tiempo y forma. La solicitud de planes de pago, que posteriormente se incumplían, evidenció una práctica habitual de no ingresar las sumas retenidas, con el fin de obtener certificados fiscales para participar en nuevas licitaciones de obra pública.

Impacto y Consecuencias
La sentencia de casi 500 páginas subraya que la seguridad social es un derecho fundamental que protege a la población de contingencias biológicas, patológicas y económico-sociales. El tribunal destacó que la acción de apropiarse de los fondos retenidos a los empleados para aplicarlos a otros fines no puede ser justificada, ya que la obligatoriedad de los aportes no admite voluntad en contrario.

El tribunal concluyó que las acciones de los condenados reflejan una práctica sistemática de apropiación indebida de fondos para mantener la actividad de empresas privadas, en detrimento de los derechos de los trabajadores.

“YA NO HABRÁ LUGAR PARA LOS VIVOS Y LOS CORRUPTOS EN CHUBUT”

El caso Austral Construcciones es un ejemplo paradigmático de corrupción y mala praxis en el sector empresarial argentino. Lázaro Báez, considerado administrador de facto de las empresas del grupo, dirigía una organización que sumaba más de 3.000 trabajadores y 40 licitaciones de obra pública en ejecución.

Históricamente, Argentina ha enfrentado desafíos significativos en términos de corrupción y gestión de recursos públicos. Este caso resalta la necesidad de una mayor transparencia y control en la administración de fondos destinados a la seguridad social y otros fines públicos.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Fiscalía General ante los TOPE N° 4 recomiendan reforzar las políticas de control y auditoría en el sector público y privado. Además, es crucial fomentar una cultura de legalidad y ética empresarial para prevenir futuras apropiaciones indebidas de fondos.

Las condenas impuestas en el caso Austral Construcciones representan un paso importante hacia la justicia y la transparencia en Argentina. La sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 envía un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con las obligaciones de seguridad social y la intolerancia a prácticas corruptas que perjudican a los trabajadores y al país en su conjunto.