DIPUTADOS ANALIZAN EL TRASLADO DE LA JUEZA MARTINI

A través de una resolución aprobada este jueves, la Legislatura de la provincia tomó la decisión de instruir al Fiscal de Estado para que analice las actuaciones que permitieron el traslado de la jueza penal María Laura Martini desde Comodoro Rivadavia a Rawson. Esta medida surge a raíz de la aceptación por parte de la magistrada de la suspensión de juicio a prueba (Probation) en la causa que investigó los incendios provocados en diciembre de 2021 contra varios edificios públicos, incluyendo la Casa de Gobierno, la Legislatura, la Fiscalía y el Superior Tribunal de Justicia, entre otros.

La resolución fue impulsada por la diputada María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, y fue aprobada con un amplio respaldo en la sesión legislativa, contando con el voto favorable de la mayoría de los diputados presentes, con excepción del diputado Santiago Vasconcelos, quien optó por abstenerse. Esta resolución refleja la preocupación de los legisladores sobre las decisiones adoptadas por los órganos judiciales competentes y su impacto en el interés público.

El documento establece en su primer artículo que los actos administrativos contenidos en el Acta 331/24 del Consejo de la Magistratura y en las acordadas posteriores del Superior Tribunal de Justicia, que permitieron el traslado de la jueza Martini, son considerados "lesivos para el interés público" conforme al artículo 91 de la ley I N° 18. En consecuencia, se solicita un examen riguroso de las decisiones que llevaron a su reubicación de Comodoro Rivadavia a Rawson, donde actualmente ejerce como jueza penal.

MARTINI ACUSA A GÓMEZ DE “NO FUNDAMENTAR” LA ACUSACIÓN

La aceptación de la Probation por parte de Martini en la causa de los incendios fue un punto crítico que motivó esta resolución. Para muchos legisladores, dicha decisión judicial podría interpretarse como un acto que menoscaba la gravedad de los hechos investigados, los cuales implicaron daños importantes a edificios públicos y representaron un ataque significativo contra las instituciones democráticas provinciales. En ese contexto, el traslado de Martini a Rawson tras aceptar dicha medida alternativa al juicio ha generado inquietudes sobre la transparencia y la justicia del proceso, lo que llevó a cuestionar las decisiones del Consejo de la Magistratura y del Superior Tribunal de Justicia.

El segundo artículo de la resolución aprobada ordena al Fiscal de Estado "iniciar las acciones judiciales que considere pertinentes ante el Superior Tribunal de Justicia". Esto podría incluir la presentación de recursos legales, pedidos de revisión de las actuaciones administrativas, o incluso la solicitud de nulidad de los actos que habilitaron el traslado de la jueza Martini.

Además, esta resolución pone de manifiesto las tensiones existentes entre el poder legislativo y el judicial en la provincia, al cuestionar no solo el fondo de las decisiones tomadas sino también los procedimientos que llevaron a su concreción. La instrucción al Fiscal de Estado para intervenir judicialmente evidencia una postura firme de la Legislatura en defensa de lo que consideran una actuación más transparente y acorde a los intereses de la ciudadanía y la justicia provincial.

Este episodio podría abrir un debate más amplio sobre la necesidad de revisar los mecanismos de control y supervisión del poder judicial en la provincia, así como los criterios y procesos que regulan los traslados de magistrados y las decisiones que involucran suspensiones de juicio a prueba, especialmente en casos de alta repercusión social y política.