JUECES CUESTIONAN VETO AL FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

Preocupación por el impacto en la educación y la movilidad social. Los magistrados se pronunciaron y seguirán monitoreando la evolución del tema.

Actualidad12 de octubre de 2024Sergio BustosSergio Bustos
jueces universidades
Los jueces firmantes.

El miércoles, la Cámara de Diputados ratificó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Con 84 votos a favor, el oficialismo mantuvo la decisión, provocando protestas en el ámbito universitario.

Más de 10 universidades del país se encuentran tomadas en señal de rechazo a la medida. Los docentes universitarios realizan hoy un paro total de actividades.

El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) expresó su descontento. Cuestionaron la "conducta política" de quienes apoyaron el veto.

En un comunicado, COPAJU manifestó su preocupación por el futuro de la educación universitaria estatal. Advirtieron sobre una posible "catástrofe educativa".

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Según el comunicado, la falta de financiamiento afectará el nivel educativo en todos los niveles universitarios. Las consecuencias impactarán a estudiantes, docentes y no docentes.

Los jueces remarcaron que esta decisión comprometerá la movilidad social ascendente. El acceso a la educación superior ha sido un pilar fundamental en este aspecto.

COPAJU había solicitado previamente que el presidente promulgara la ley. Exhortaron al Congreso a no convalidar el veto presidencial.

"Asistimos a la vulneración de un derecho social esencial como lo es la educación", lamentaron los jueces. Denunciaron que los representantes legislativos no priorizaron el interés público.

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El comunicado también señaló que se impuso una visión economicista del gasto público. Esta visión afectará la inversión en el sistema educativo universitario, advirtieron.

El contexto social y económico de Argentina es incierto. Los jueces consideraron que, en este escenario, reducir el presupuesto universitario traerá consecuencias perjudiciales.

César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, lidera el Capítulo Argentina de COPAJU. Lo acompaña un equipo de destacados jueces y defensores.

Entre ellos, se encuentra Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. También integran el equipo Maximiliano Francisco Benítez, defensor general de Entre Ríos.

Otros miembros del comité son jueces de diferentes jurisdicciones del país. Cada uno aportó su visión sobre el impacto negativo del veto a la ley de financiamiento.

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Finalmente, el comunicado resaltó que priorizar la educación universitaria es esencial para el desarrollo del país. "Relegar este sector perjudica a todos los argentinos", concluyeron.

COPAJU continuará monitoreando la situación y exigiendo una respuesta de las autoridades. Para ellos, la educación es un derecho que no debe ser negociado.

   

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