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“NO VOY A PERMITIR QUE 600 PERSONAS SE QUEDEN SIN TRABAJO POR 40”
El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, se planta frente a las demandas salariales del SOMU. Asegura que no cederá ante exigencias desmedidas.
ActualidadAyer
Sergio Bustos
Fernando Álvarez Castellano.
El conflicto surge en medio de las negociaciones por la zafra de langostino en aguas jurisdiccionales. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) reclama un precio de $1.500 por kilo de langostino.
Las empresas pesqueras califican esa cifra como “inalcanzable”. El empresario hispano-argentino sostuvo que las exigencias del gremio son imposibles de cumplir en el contexto actual.
Álvarez Castellano recordó la cumbre de empresarios realizada en Trelew. En esa reunión se acordó fijar el precio de producción en $1.200, después de intensas negociaciones.
Destacó que, por primera vez, todos los propietarios de la flota coincidieron en una estrategia. Las empresas decidieron actuar en conjunto para enfrentar el conflicto con reglas claras.
El titular de Conarpesa criticó la rigidez del sindicato. Acusó al SOMU de adoptar una postura que dilata las posibilidades de llegar a un acuerdo.
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Álvarez Castellano cuestionó los comentarios públicos de los dirigentes gremiales Ramón Vera y Cristian Colín. Ambos sugirieron que la zafra comenzaría a fines de noviembre, algo que él consideró una exageración.
“Me preocupa la situación de los trabajadores de las plantas”, manifestó el empresario. Subrayó que muchos empleados dependen de que la actividad pesquera comience a tiempo.
El empresario adelantó que, si no se llega a un acuerdo, tomará medidas alternativas. Afirmó que comprará langostino a otras empresas para mantener las plantas abastecidas y en funcionamiento.
Álvarez Castellano indicó que, para él, la negociación con el sindicato está “acabada”. No cree que haya margen para ceder más en los términos planteados.
El empresario pidió una reflexión tanto al sindicato como a los trabajadores. Señaló que la cooperación es clave para superar la crisis actual en la industria pesquera.
El titular del Grupo Conarpesa confía en la mediación del gobierno de Ignacio Torres. Sin embargo, reconoció que las autoridades no pueden obligar a ninguna de las partes a ceder.
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Las consecuencias de este conflicto podrían ser graves para la economía de la región. La demora en el inicio de la temporada de pesca afecta a miles de trabajadores y sus familias.
La situación tensa refleja el desafío de equilibrar las demandas salariales y la viabilidad empresarial. El sector pesquero enfrenta dificultades adicionales por los costos crecientes y la inflación.
Álvarez Castellano aseguró que el conflicto afecta a todos los actores de la industria. Sostuvo que la incertidumbre no beneficia a nadie y perjudica la economía local.
El empresario afirmó que “todo lo que tengo me lo dieron los marineros”. Sin embargo, pidió comprensión en este momento crítico para la industria pesquera.
Las negociaciones salariales en la pesquería siempre generan tensiones. En este caso, el impacto podría ser mayor debido a la situación económica general.
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Álvarez Castellano expresó su esperanza de que las partes puedan retomar el diálogo. Sin un acuerdo, la temporada de langostino corre el riesgo de empezar tarde o de forma irregular.
El presidente de Conarpesa subrayó la importancia de fijar reglas claras para la actividad pesquera. Afirmó que la unidad de las empresas fue clave para enfrentar la situación.
La postura del SOMU mantiene la incertidumbre sobre el inicio de la temporada. El sindicato no ha dado señales de flexibilizar sus demandas, lo que complica las negociaciones.
El empresario concluyó que “la industria pesquera necesita estabilidad”. Sostuvo que es fundamental alcanzar un acuerdo para asegurar el trabajo y la producción.
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