AEROLÍNEAS ARGENTINAS: EFICIENCIA O RIESGO LABORAL

La administración de Milei declaró a Aerolíneas Argentinas "sujeta a privatización". Esto se enmarca en un contexto de déficit crónico y conflictos laborales.

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El gobierno argentino dio un paso significativo hacia la privatización de Aerolíneas Argentinas. El decreto 873/2024, publicado recientemente, establece que la aerolínea de bandera será "sujeta a privatización". Esta medida busca abordar el déficit acumulado por la compañía desde su reestatización en 2008.

Desde su retorno al Estado, Aerolíneas Argentinas ha recibido más de 8,000 millones de dólares en subsidios. Este aporte ha sido calificado por el gobierno como una "atrocidad" y una carga para los contribuyentes. La administración actual argumenta que es necesario cambiar el modelo de gestión para mejorar la eficiencia.

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El portavoz presidencial, Manuel Adorni, destacó que la compañía tiene una estructura sobredimensionada. Aerolíneas cuenta con 1,204 pilotos para operar solo 81 aviones activos. Este ratio es considerado excesivo en comparación con estándares internacionales.

La privatización se justifica bajo el argumento de que el Estado no puede mantener empresas deficitarias. El gobierno sostiene que los recursos públicos deben destinarse a atender necesidades más urgentes. En un contexto donde la pobreza afecta al 52,9% de la población, esta decisión busca racionalizar el gasto.

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El decreto también menciona que la privatización permitirá una mejor prestación del servicio. Se espera que la competencia en el sector aéreo beneficie a los usuarios con mejores precios y opciones. Sin embargo, este argumento ha generado críticas entre los sindicatos y la oposición.

Los gremios aeronáuticos han manifestado su rechazo a esta medida. Los trabajadores temen por sus empleos y por las condiciones laborales en una empresa privatizada. En respuesta, han llevado a cabo paros y asambleas que han afectado los vuelos.

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La privatización debe ser aprobada por el Congreso antes de hacerse efectiva. El artículo 9 de la Ley 23.696 establece que esta declaración debe ser ratificada por ley. Las comisiones de Transporte y Presupuesto ya comenzaron a debatir sobre el tema.

A pesar del apoyo inicial del bloque oficialista, se anticipa una dura batalla legislativa. La oposición ha expresado su desacuerdo con la privatización, argumentando que no se ajusta a las necesidades del país. La falta de consenso podría complicar el avance del proyecto.

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La historia de Aerolíneas Argentinas incluye un ciclo de privatizaciones y reestatizaciones. Fundada en 1950, fue privatizada en 1989 y reestatizada en 2008 bajo el gobierno de Cristina Fernández. Esta nueva tentativa de privatización genera incertidumbre sobre el futuro de la compañía.

La situación financiera actual de Aerolíneas es crítica. En 2023, se reportó un incremento del endeudamiento por $374,453 millones para cubrir el déficit operativo. Esto plantea interrogantes sobre la viabilidad de una gestión privada en un contexto económico desafiante.

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Las decisiones sobre Aerolíneas Argentinas tendrán repercusiones significativas en el transporte aéreo nacional. El enfoque del gobierno hacia esta empresa puede sentar un precedente para futuras privatizaciones en otros sectores. La discusión continúa mientras se espera el resultado del debate legislativo.

   

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