MÁS CRÍTICAS AL ACUERDO CON LAS FLOTAS DEPREDADORAS CHINAS

El acuerdo entre Santa Cruz y Hongdong Fisheries desata nuevas críticas y movilizaciones por facilitar el reaprovisionamiento de la flota pesquera china.

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Pesca Ilegal
Pesca Ilegal

El reciente acuerdo entre el gobierno de Santa Cruz y la firma Hongdong Fisheries habilita a la flota china a operar en puertos argentinos. Esta decisión reaviva la polémica sobre la pesca ilegal y sus impactos en el Atlántico Sur.

La flota china, conformada por más de 350 embarcaciones, actúa sobre todo en las cercanías de la milla 201. Sus incursiones a menudo cruzan a aguas argentinas sin atender las regulaciones locales, en busca de capturas abundantes y sin restricciones.

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El gobierno de Santa Cruz defiende el acuerdo, asegurando que traerá tecnología y valor agregado a la industria pesquera local. Gustavo Martínez, titular de Producción de la provincia, destaca que Hongdong Fisheries aportará experiencia y modernización en infraestructura.

Sin embargo, las críticas aumentan. Ambientalistas y especialistas señalan que esta alianza podría normalizar la presencia de una flota que históricamente opera sin restricciones y con prácticas cuestionadas. La misma empresa intentó entrar al mercado patagónico en 2021 sin éxito.

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Uno de los puntos del acuerdo permite a la flota china reabastecerse en los puertos argentinos. Este cambio elimina la necesidad de que los barcos viajen hasta Montevideo, como hacían hasta ahora, generando preocupaciones por un acceso más permanente.

El tamaño de la flota china creció un 800% en la última década, intensificando su impacto en el Atlántico Sur. Los expertos temen que la apertura de puertos facilite aún más el saqueo de los recursos marinos de la región patagónica.

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China destina estos recursos a la demanda interna y exportaciones masivas. El calamar es su objetivo principal, aunque su flota captura otras especies protegidas sin respeto por temporadas de reproducción.

En torno a la Gobernación de Santa Cruz, algunos ven el acuerdo como parte de un trato mayor. La construcción de las represas sobre el río Santa Cruz forma parte de las negociaciones entre las autoridades chinas y el gobierno provincial.

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El impacto ambiental y económico de esta actividad es inmenso. La depredación pesquera china mueve al menos 700 millones de dólares al año en el Atlántico Sur, alimentando un negocio que afecta los ecosistemas.

El apoyo oficial a una flota cuestionada genera dudas sobre las políticas de soberanía en el Atlántico Sur. Las autoridades locales aseguran que el acuerdo beneficiará a la industria argentina, aunque las consecuencias a largo plazo preocupan a muchos.

Fuente: iprofesinal

   

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