EL GOBIERNO AVANZA CON UNA LEY CONTRA LAS BARRABRAVAS

En un intento por erradicar la violencia en el fútbol, el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley que endurece las penas contra las barrabravas y quienes colaboren con ellas.

La iniciativa, actualmente en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia, plantea una serie de medidas que apuntan a cerrar brechas legales y cortar las fuentes de financiamiento de estas organizaciones.

El proyecto considera a las barrabravas como organizaciones criminales, estableciendo penas de entre dos y cuatro años de prisión para quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo. Además, busca sancionar a los organizadores de eventos deportivos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso a personas con antecedentes penales.

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Una de las principales innovaciones es la posibilidad de inhabilitaciones administrativas, mediante las cuales se prohibirá el ingreso a estadios de personas imputadas por delitos, incluso si aún no tienen sentencia firme. Esto refuerza la postura preventiva del Gobierno en materia de seguridad deportiva.

Por otro lado, los dirigentes deportivos que mantengan vínculos con las barras, ya sea entregándoles entradas o colaborando con ellos de alguna manera, podrán enfrentar penas de hasta seis años de prisión. Estas medidas buscan desmantelar la complicidad institucional que ha permitido el accionar impune de estas organizaciones durante décadas.

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El proyecto también incluye disposiciones específicas para penalizar actividades como el control ilegal de estacionamientos por parte de "trapitos", la reventa de entradas y las extorsiones realizadas por las barras.

En paralelo, se exigirá a los organizadores de eventos deportivos garantizar condiciones de seguridad óptimas dentro y fuera de los estadios.

Con este proyecto, el Gobierno apunta a recuperar el fútbol como un espacio de disfrute familiar y seguro, eliminando la violencia y el control territorial que las barrabravas ejercen actualmente.