IMPUTAN A 94 EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS POR TASAS INDEBIDAS
El Gobierno detectó irregularidades en las facturas de compañías de 15 provincias. Posibles sanciones por violar la Ley de Defensa del Consumidor.
Actualidad23/12/2024
Sergio Bustos
Posibles sanciones a cooperativas.
La Secretaría de Industria y Comercio imputó a 94 empresas de servicios públicos por incluir cargos indebidos en las facturas de los usuarios. Estas prácticas contradicen la normativa vigente desde octubre.
Se abrieron 112 expedientes en 15 provincias. Las investigaciones abarcan Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
Las empresas tienen cinco días hábiles para presentar su descargo. Luego, la Secretaría podrá aplicar sanciones según la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
Las multas podrían llegar a los 2.130 millones de pesos. La normativa sanciona duramente las prácticas comerciales desleales o que afectan a los consumidores.
En octubre, el Gobierno emitió la Resolución 267/24. Esta norma prohíbe la inclusión de conceptos ajenos a los bienes y servicios contratados en las facturas. Afectaría a Servicoop y a la Cooperativa 16 de Octubre de Esquel.
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Los ciudadanos pueden denunciar irregularidades. Las denuncias se reciben a través del correo electrónico denunciatufactura@comercio.gob.ar.
En noviembre, ya se habían imputado a 95 empresas por prácticas similares. Muchas de esas investigaciones avanzaron a la etapa de imposición de multas.
Las irregularidades afectan principalmente a servicios esenciales. Entre ellos, electricidad, gas y agua, cuyo impacto en los hogares es significativo.
La Secretaría busca garantizar la transparencia en la facturación. Su objetivo es proteger a los consumidores de cobros adicionales injustificados.
El incumplimiento de las empresas fue detectado en diversas provincias. Esto evidencia una problemática extendida en el país.
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El Gobierno instó a las empresas a ajustar sus facturas a la normativa. Se espera que los usuarios comiencen a ver mejoras en los próximos meses.
El impacto de las sanciones podría ser significativo. Además de las multas, las compañías afectadas podrían enfrentar demandas colectivas.
Desde la Secretaría enfatizaron la importancia de la resolución. Resaltaron que busca generar confianza en los servicios públicos y su regulación.
Las empresas imputadas deberán presentar pruebas. Solo en caso de justificar los cargos indebidos podrían evitar las sanciones.
En caso de que las empresas no se adecuen, el Gobierno avanzará con medidas más severas. Esto incluye la revisión de sus concesiones.
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La respuesta de las empresas ha sido diversa. Algunas reconocieron los errores y prometieron corregirlos, mientras que otras apelaron las imputaciones.
El Gobierno informó que continuará monitoreando las facturas. Busca evitar que estas prácticas se repitan en el futuro.
La Ley de Defensa del Consumidor protege a los usuarios. Sus disposiciones aseguran que los consumidores no enfrenten cobros abusivos.
Los ciudadanos tienen un rol clave en la denuncia de estas prácticas. El correo de denuncias permite una comunicación directa con la Secretaría.
La Resolución 267/24 refuerza la transparencia. Al limitar los conceptos en las facturas, se busca eliminar cualquier cargo injustificado.
La oposición criticó la medida por considerarla insuficiente. Argumentaron que no aborda problemas estructurales en la regulación de servicios.
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El oficialismo defendió la política como un paso necesario. Afirmaron que apunta a fortalecer la relación entre consumidores y prestadores de servicios.
Las multas, si se aplican, podrían tener un efecto disuasivo. Esto buscaría prevenir que otras empresas cometan infracciones similares.
Los usuarios afectados esperan respuestas rápidas. Muchos aguardan compensaciones por los cargos adicionales ya pagados.
El Ministerio de Economía prometió seguir investigando casos similares. Buscan establecer un marco regulatorio más riguroso y efectivo.
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