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ORDENAN LA CAPTURA INTERNACIONAL DEL PRESIDENTE DE NICARAGUA
La Justicia argentina emitió una orden de captura internacional contra Daniel Ortega y 16 altos funcionarios por graves violaciones a los derechos humanos.
Actualidad30/12/2024
REDACCIÓN
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua
El juez federal Ariel Lijo firmó este lunes una resolución de 76 páginas ordenando la captura internacional. En ella solicitó la extradición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su vicepresidenta Rosario Zambrana Murillo y otros imputados para ser indagados. Los delitos incluyen torturas, desapariciones forzadas y persecuciones políticas.
Según el expediente, iniciado en agosto por abogados argentinos, las violaciones a los derechos humanos fueron parte de un “plan sistemático y generalizado” de represión. Este plan se desplegó desde el aparato estatal nicaragüense contra sectores disidentes.
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“El plan estratégico de represión involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado”, advirtió Lijo. Además, señaló que las solicitudes de cooperación internacional enviadas a Nicaragua no fueron respondidas.
La causa documenta una amplia gama de abusos. “Se realizaron encarcelamientos arbitrarios, actos de tortura, desapariciones forzadas y censura mediática”, detalla el juez. También menciona la persecución a comunidades indígenas y religiosas.
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El plan represivo se habría estructurado en etapas, comenzando entre abril y junio de 2018. Durante ese período, el régimen de Ortega reprimió violentamente protestas sociales en todo el país. Estas acciones, según la causa, buscaban disuadir cualquier manifestación disidente.
Lijo destacó que el aparato estatal fue utilizado para cometer estos crímenes. Funcionarios políticos y judiciales se valieron de sus roles institucionales para amparar los actos represivos.
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En base a la denuncia, las pruebas reunidas incluyen testimonios de víctimas y organizaciones internacionales. Estas evidencias refuerzan la gravedad de las acusaciones contra el gobierno nicaragüense.
Los denunciantes, Diego Pirota y Darío Richarte, sostienen que se deben tomar medidas drásticas para detener estas prácticas. Argumentan que la justicia universal permite a Argentina intervenir en este tipo de casos.
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