


El reclamo apunta a tasas que exceden el costo de los servicios prestados. Según la nota enviada, estas tasas violan la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales. "No guardan proporcionalidad ni respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema", indicó el escrito.


Se pidió suspender la coparticipación a municipios que no cumplan con la norma. La medida busca garantizar el cumplimiento de las leyes y evitar perjuicios al sistema de coparticipación. "El ejercicio arbitrario de potestad tributaria afecta a la economía nacional", resaltaron.
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El Gobierno señaló el impacto de estas tasas en la inflación y los costos. Tributos desproporcionados incrementan los precios de bienes y servicios, complicando los esfuerzos para reducir la inflación. "Perjudican al ciudadano y las jurisdicciones", advirtió Economía.
La Ley de Coparticipación prohíbe superponer impuestos nacionales y municipales. Los municipios no pueden gravar materias imponibles sujetas a impuestos coparticipables, según la normativa vigente. "Esta práctica genera un claro perjuicio al Estado y las provincias", destacó la nota.
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El Ministerio enfatizó que estos tributos afectan la masa coparticipable. Al ser deducibles del Impuesto a las Ganancias, reducen los recursos distribuidos entre la Nación y las provincias. "Es una pérdida injustificada para todos", afirmaron.
La medida también busca aliviar la presión tributaria general. Tasas arbitrarias incrementan la carga fiscal sobre ciudadanos y empresas, complicando la competitividad y el crecimiento económico. "Es una cuestión de equidad y legalidad", insistió el Gobierno.
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La suspensión de coparticipación sería una sanción excepcional. El objetivo es incentivar a los municipios a corregir sus prácticas tributarias. "Buscamos garantizar un sistema más justo y transparente", concluyeron desde Economía.









