ARGENTINA EN LA ENCRUCIJADA DEL ACUERDO DE PARÍS

El Gobierno nacional estudia la salida del Acuerdo de París, un compromiso asumido en 2015 por más de 150 países. Esta decisión sigue la línea de la postura climática de Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, los especialistas advierten que Argentina tiene un escenario muy diferente.

La Cancillería ya retiró a la delegación argentina de la COP29 en Azerbaiyán. Esto evidenció una actitud contradictoria respecto al cumplimiento de compromisos climáticos. A pesar de esto, el Ejecutivo presentó su Informe Bienal de Transparencia a Naciones Unidas.

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Salir del Acuerdo de París tendría un impacto directo en el acceso al financiamiento internacional. "Perderíamos fondos críticos para proyectos ambientales", afirmó Consuelo Bilbao, de Círculo de Políticas Ambientales. Este financiamiento incluye proyectos de adaptación al cambio climático y transición energética.

Las consecuencias no solo serían económicas, sino también diplomáticas. "La Argentina se condena al aislamiento internacional si decide salir", advirtió Graciela Camaño, experta en política ambiental. La pertenencia al G20 y el proceso de adhesión a la OCDE también se verían afectados.

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El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial condicionan sus préstamos a compromisos ambientales. Argentina recibió más de 2.000 millones de dólares en financiamiento climático en 2024. Este dinero apoya proyectos esenciales en energía renovable y mitigación de desastres.

El Gobierno necesitaría derogar la Ley 27.270 para abandonar el acuerdo. Este paso requiere la aprobación del Congreso, aunque algunos expertos creen que no habría oposición significativa. "No veo interés político para frenar esta decisión", opinó Camaño.

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El proceso para salir del acuerdo tomaría al menos un año. "Incluso fuera del Acuerdo de París, Argentina podría mantener algunos lazos internacionales", explicó Camila Mercure, de FARN. Esto incluye la participación de gobiernos locales en iniciativas globales.

El impacto ambiental y económico sería significativo. La salida podría frenar proyectos de transición energética y adaptación al cambio climático. Además, debilitaría el rol de Argentina en la agenda internacional.