EL GOBIERNO ANULÓ LA LICITACIÓN DE LA HIDROVÍA Y CRECE LA INCERTIDUMBRE

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) tomó la sorpresiva decisión de dejar sin efecto la licitación para la operación de la Vía Navegable Troncal Hidrovía, un corredor clave para la economía argentina. El proceso, que debía definir la administración del dragado y balizamiento de la ruta fluvial, solo recibió una oferta, lo que generó sospechas y dudas sobre la transparencia de la convocatoria. La única empresa que se presentó fue la belga Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME), mientras que la firma Jan de Nul, actual concesionaria, desistió en medio de fuertes cuestionamientos.

La licitación quedó marcada por una fuerte polémica debido a la ausencia de competencia real en la puja por la concesión. El Gobierno decidió remitir el caso a la Justicia para investigar posibles maniobras anticompetitivas y eventuales irregularidades en la retirada de Jan de Nul. La empresa belga DEME, al quedar como única oferente, había quedado en una posición ventajosa, lo que generó alarma entre los funcionarios encargados del proceso.

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La compañía Jan de Nul, que hasta ahora lleva adelante el mantenimiento de la Hidrovía, argumentó que su retirada se debió a impugnaciones constantes de sus competidores y a una campaña mediática que afectó su participación en el proceso. En un escrito enviado a la ANPYN, la firma belga expuso que las condiciones exigidas en la licitación eran más estrictas que en convocatorias previas. La empresa también denunció que hubo presiones externas que alteraron el normal desarrollo del llamado.

El gobierno de Javier Milei tomó la decisión tras intensas consultas con la Casa Rosada, donde el temor a un proceso judicializado y la falta de competencia encendieron las alarmas. Funcionarios del área de Transporte se reunieron con el equipo económico para analizar las posibles consecuencias de la cancelación. Ahora, el Ejecutivo deberá definir cómo garantizar la continuidad del servicio sin comprometer el comercio exterior del país.

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La Hidrovía es un punto estratégico para la Argentina, ya que por este corredor fluvial se transporta el 80% de las exportaciones agroindustriales del país. La incertidumbre sobre la administración del dragado genera preocupación entre los sectores productivos, que temen una parálisis en la logística portuaria. La comparación con Brasil, que avanza con mejoras en sus corredores logísticos, aumenta la presión sobre el Gobierno para resolver el tema con rapidez.

Iñaki Arreseygor, director de la ANPYN, quedó en el centro de la escena por su rol en la licitación anulada. El funcionario, con trayectoria en el sector público y privado, deberá reestructurar un nuevo proceso de selección bajo la atenta mirada del oficialismo y la oposición. Su gestión en la agencia portuaria arrancó en medio de un escenario complicado, con el objetivo de mejorar la transparencia en los contratos.

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Arreseygor tiene experiencia en la administración de recursos públicos, ya que ocupó cargos de relevancia en gobiernos anteriores. Fue director provincial de Compras y Contrataciones en la gestión de María Eugenia Vidal y también trabajó en el sector privado en empresas de peso como Mirgor. Su llegada a la ANPYN, tras la disolución de la Administración General de Puertos, se dio en el marco de la reestructuración del área portuaria impulsada por Milei.

El impacto de la cancelación de la licitación generó un fuerte debate en el sector empresarial, donde muchas compañías exigen un nuevo proceso más transparente y competitivo. La decisión también reavivó la discusión sobre el rol del Estado en la administración de la Hidrovía y el modelo de concesión que se aplicará en el futuro. La presión de los gremios y exportadores será determinante en la reactivación de una nueva licitación.

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El Gobierno aún no definió cuál será el mecanismo para mantener operativa la Hidrovía mientras se resuelve el proceso licitatorio. Existen alternativas que incluyen la extensión temporal del contrato con Jan de Nul o la intervención directa del Estado en la gestión del dragado. Ambas opciones generan resistencia en distintos sectores, lo que dificulta la toma de una decisión final.

Las próximas semanas serán claves para conocer el destino del corredor fluvial, ya que sin un operador definido, el comercio exterior argentino podría verse afectado por demoras y sobrecostos logísticos. Las provincias que dependen del transporte fluvial, como Santa Fe y Buenos Aires, ya manifestaron su preocupación por el impacto económico de la incertidumbre. El oficialismo, por su parte, busca avanzar con una nueva convocatoria antes de que el problema escale a niveles críticos.