Lijo y García Mansilla
El Gobierno de Javier Milei oficializó la designación en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, desatando una inmediata reacción de la oposición, que ya anticipó su rechazo al decreto.
El kirchnerismo fue el primero en pronunciarse en contra, considerando inconstitucional la medida y adelantando que trabajará para rechazar el decreto en el Congreso. Mientras tanto, desde el sector dialoguista del PRO y la UCR advirtieron sobre la falta de legitimidad democrática en la designación, que podría derivar en un conflicto de poderes.
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La oposición argumenta que, si bien el mecanismo utilizado por el Ejecutivo es legal, genera incertidumbre sobre la estabilidad de los fallos que puedan emitir los jueces designados. En el Senado, donde Lijo ya obtuvo dictamen en la Comisión de Acuerdos, se plantea la posibilidad de llevar los pliegos al recinto para rechazarlos, lo que abriría un nuevo enfrentamiento con la Casa Rosada.
Desde el bloque de Unión por la Patria reafirmaron su postura en contra y propusieron un diálogo más amplio que incluya la discusión sobre el nombramiento del procurador general y el defensor del pueblo, cargos vacantes desde hace años. No obstante, en el oficialismo sostienen que la medida es necesaria para garantizar el funcionamiento del máximo tribunal, que actualmente opera con solo tres jueces.
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Mientras se espera la publicación del decreto en el Boletín Oficial, el escenario político se tensa aún más, con la posibilidad de que el Congreso busque frenar la designación y el Gobierno se mantenga firme en su decisión de avanzar con los nombramientos por decreto.
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