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FAMILIA DE JOAQUÍN GANA DEMANDA MILLONARIA CONTRA EL ESTADO
La Justicia responsabilizó al gobierno de Córdoba por negligencia en el caso del crimen escolar. Deberán pagar una multimillonaria indemnización.
Actualidad02/03/2025
Sergio Bustos
Joaquín junto a su victimario.
Los padres de Joaquín Sperani obtuvieron un fallo favorable en la demanda civil contra el gobierno de Córdoba. El Estado deberá indemnizar a la familia por la negligencia en la supervisión escolar.
"La Justicia tomó decisiones que no son correctas", denunció la madre de Joaquín. Cuestionó la libertad del asesino y la falta de derechos para su hijo.
El crimen ocurrió el 29 de junio de 2023. Joaquín salió de su casa para ir al colegio IPEM N° 278 Malvinas Argentinas en Laboulaye, Córdoba.
Un compañero lo convenció de desviarse del camino. Lo llevó a una casa abandonada y lo golpeó brutalmente con un caño metálico.
La autopsia determinó que la víctima murió por un traumatismo de cráneo severo. Cuatro días después, un vecino encontró el cuerpo.
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El asesino fue declarado "no punible" por ser menor de edad. La Justicia ordenó su tratamiento psicológico y su mudanza a otra provincia.
La familia de Joaquín presentó una demanda civil contra el Estado. Acusaron al Ministerio de Educación de negligencia y falta de control.
Argumentaron que la escuela no garantizó la seguridad de los alumnos. El agresor salió sin autorización, sin que ninguna autoridad lo detuviera.
La profesora de Tecnología llegó tarde y no tomó asistencia. La falta de supervisión permitió que los alumnos estuvieran fuera del aula sin ser notados.
La querella señaló la falta de compromiso de las autoridades educativas. "La directora minimizó el hecho y no ayudó en la búsqueda", denunciaron.
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La búsqueda policial también fue deficiente. Fue un vecino quien halló el cuerpo de Joaquín en una vivienda en ruinas, cerca de la escuela.
El 6 de febrero de 2025, la Justicia resolvió la demanda. El Tribunal de Laboulaye declaró responsable al Estado por omisión de control en el colegio.
El fallo determinó que la institución educativa tenía la obligación de garantizar la seguridad de los alumnos. La falta de vigilancia facilitó el crimen.
El juez Ignacio Andrés Sabaini Zapata sostuvo que el colegio falló en su deber de registrar la asistencia y supervisar el ingreso de los alumnos.
"El crimen ocurrió en horario escolar, bajo responsabilidad del colegio", concluyó el fallo. La falta de control permitió la salida del agresor sin autorización.
El gobierno de Córdoba deberá pagar una indemnización millonaria a la familia. La suma establecida es de 595.170.467,18 pesos, más intereses y costas judiciales.
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El tribunal eximió de responsabilidad a los padres del asesino. Determinó que, al momento del crimen, la supervisión correspondía al colegio.
El gobierno provincial apeló la sentencia. Argumentaron que el homicidio ocurrió fuera del establecimiento y que era imposible preverlo.
La Justicia rechazó el argumento oficial. Determinó que las fallas en el control escolar facilitaron el crimen, por lo que el Estado debe responder.
La familia de Joaquín celebra el fallo, pero sigue exigiendo justicia. Sostienen que la impunidad del asesino sigue siendo una herida abierta.
El caso despertó un debate sobre la seguridad escolar y la responsabilidad del Estado. Expertos advierten que se necesitan protocolos más estrictos.
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