La ex presidenta reaccionó con ironía a la sanción de Estados Unidos y acusó al mandatario de estar detrás de la movida. También lo vinculó al escándalo cripto.
Milei de espaldas ante un tribunal vacío
Este monto surge de 236 demandas relacionadas con incumplimientos de acuerdos, cambios regulatorios, expropiaciones y rupturas de contratos que el país ha acumulado desde la crisis económica de 2001, cuando el país vio una serie de quiebras y ajustes drásticos en su estructura económica.
¿De dónde provienen estas demandas?
Las causas incluyen controversias por deudas públicas no saldadas, disputas sobre la estatización de empresas, como el caso de YPF, y conflictos derivados de la modificación de contratos en servicios públicos. La mayoría de estas demandas fueron iniciadas por inversores internacionales que se sienten perjudicados por decisiones gubernamentales, especialmente desde la crisis del 2001. De este total, un número significativo de pleitos todavía no tiene un monto determinado, lo que podría hacer que la cifra final aumente considerablemente.
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El caso más prominente entre estos litigios es el relacionado con YPF, que podría costarle al país US$16.100 millones, según un fallo de la corte de Nueva York. Este juicio se basa en la expropiación de la petrolera que el gobierno argentino realizó bajo la administración de Cristina Kirchner, y ha sido uno de los principales focos de la controversia internacional.
¿Cómo maneja Argentina esta carga?
A pesar de la magnitud de estas demandas, los sucesivos gobiernos han intentado manejar la situación con recursos judiciales, buscando demorar el pago y negociar alternativas. La Procuración del Tesoro y el Servicio Jurídico del Ministerio de Economía son los encargados de gestionar las querellas. La mayoría de los pleitos son gestionados a través de estos organismos, con 36 casos manejados directamente por la Procuración, incluyendo el conflicto por YPF. Sin embargo, los montos involucrados son tan elevados que la presión sobre las finanzas del país sigue aumentando.
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El contexto histórico de las demandas
Gran parte de las demandas actuales tienen sus raíces en decisiones económicas tomadas durante la presidencia de Carlos Menem en los años 90. En ese entonces, Argentina firmó acuerdos de protección de inversiones con varios países, lo que permitió que los inversores pudieran recurrir a tribunales internacionales como el CIADI en caso de disputas. Aunque estas decisiones buscaban atraer inversión extranjera, hoy en día se presentan como una pesada carga económica debido a la gran cantidad de juicios internacionales abiertos.
La nueva Ley Bases y el RIGI impulsada por el gobierno de Javier Milei, que facilita la inversión extranjera, podría dar lugar a un nuevo aumento de demandas, ya que fortalece los mecanismos que permiten a las empresas extranjeras litigar contra el Estado en tribunales internacionales.
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Impacto económico y político
Las demandas contra Argentina no solo representan una amenaza para sus cuentas fiscales, sino que también tienen un impacto político significativo. Los litigios en tribunales internacionales podrían entorpecer cualquier proceso de endeudamiento o reestructuración de deuda soberana, como ya ocurrió en el caso de la Fragata Libertad, cuando un embargo internacional afectó las operaciones del país.
En la actualidad, el gobierno de Milei ha depositado una garantía de US$325 millones para seguir litigando, aunque los especialistas advierten que este tipo de medidas podría ser insuficiente para frenar la creciente factura judicial. Según el economista Sebastián Maril, este tipo de demandas son el resultado directo de violaciones de contratos, lo que genera un alto costo reputacional y económico para el país.
Fuente: La Nación
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