Jueces, fiscales y defensores de Chubut analizan ir a la Justicia por la deuda salarial de 2024.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut endureció su postura ante la persistente deuda salarial correspondiente a aumentos de 2024, que nunca fueron abonados pese a haber sido aprobados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“La falta de pago afecta el funcionamiento del Poder Judicial y desmotiva a quienes ejercen una función que exige dedicación exclusiva”, expresó Claudio Petris, juez de Cámara de Esquel y presidente de la entidad, en declaraciones a Diario El Chubut.
Una deuda que crece desde junio
Según explicó Petris, los aumentos impagos son del 2,5% por ajuste y, aunque parecen menores, su acumulación desde mediados del año pasado representa una pérdida significativa en los ingresos de jueces, fiscales y defensores.
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Chubut es actualmente la única provincia patagónica con sueldos judiciales por debajo de la media, lo que complica aún más la atracción de nuevos postulantes para cubrir vacantes en el sistema judicial.
La Asociación ya envió dos notas formales al Superior Tribunal de Justicia, pero no obtuvo respuesta. La única excepción fue el ministro Javier Raidan, quien mostró voluntad de diálogo pero sin soluciones concretas.
Asamblea clave en abril
La entidad convocó a una asamblea en abril donde se debatirá el inicio de acciones judiciales, tanto colectivas como individuales. “Sabemos que esto genera costos y gestiones extra, pero es el único camino que nos dejan”, señaló Petris.
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El último aumento del 5% dispuesto recientemente no contempla lo adeudado, lo que incrementó el malestar dentro del sector judicial.
El conflicto se da en paralelo con el anuncio del ministro de Gobierno de Chubut, Victoriano Eraso Parodi, quien anticipó el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para eliminar los enganches salariales, una herramienta que vincula los aumentos provinciales con las subas salariales nacionales.
Desde la Asociación de Magistrados alertan que este escenario podría vulnerar derechos adquiridos y afectar la independencia judicial, sentando un precedente grave si no se revierte.
Las próximas semanas serán clave para determinar si el conflicto se canaliza por vías judiciales o si el Superior Tribunal ofrece una respuesta concreta que evite una escalada institucional.
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