El precio de la carne cartelizado.
Javier Acevedo denunció un problema estructural que golpea de lleno al bolsillo de las familias patagónicas. El legislador de la Coalición Cívica ARI aseguró que el precio de la carne no responde a criterios sanitarios ni logísticos, sino a una concentración cada vez más fuerte del negocio cárnico en manos de pocos actores. Afirmó que defender la barrera sanitaria no implica callar frente a lo que consideró un escenario de distorsiones profundas.
“Defender esa barrera no puede implicar dejar de mirar otro problema estructural: la concentración del mercado cárnico y su impacto sobre el bolsillo del consumidor”, advirtió. Con esa frase, Acevedo ubicó la discusión más allá de las posturas tradicionales en torno a la frontera sanitaria. Pidió mirar hacia adentro. Preguntarse quién define el precio, cómo lo hace, y con qué lógica.
El legislador expresó su pleno respaldo al mantenimiento de la barrera sanitaria como política pública. Valoró el diferencial sanitario de la Patagonia y destacó las décadas de inversión en infraestructura y controles. Reconoció que la barrera protege el estatus libre de aftosa sin vacunación y permite acceder a mercados internacionales más exigentes. Pero aclaró que eso no puede transformarse en excusa para evitar otras discusiones urgentes.
Acevedo sostuvo que defender la región no implica resignar el acceso justo a los alimentos. Consideró que la carne debe llegar a precios razonables a todas las familias. Y que la actual estructura de comercialización lo impide. En ese marco, su bloque solicitó al gobernador Alberto Weretilneck la aplicación efectiva de la Ley Provincial N.º 5414 de Defensa del Consumidor, como también el inicio inmediato de una investigación administrativa sobre el mercado de la carne.
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El pedido incluye una revisión detallada del accionar de supermercados, frigoríficos y demás actores concentrados en el negocio. Según Acevedo, estos sectores establecen precios, imponen condiciones y operan como únicos compradores relevantes. “Cuando en una región los supermercados se transforman en los únicos compradores relevantes, se configura un escenario de monopsonio de facto”, afirmó. Ese término, poco habitual en la discusión política, describe una situación donde uno compra y muchos venden, pero el comprador fija todo sin competencia real.
El legislador fue más allá. Aseguró que los grandes compradores definen cantidades, plazos, márgenes y estándares, pero sin asumir riesgos. Controlan parte del proceso sin invertir en él. Convierten su posición de intermediarios en un rol dominante que impone precios al productor y al mismo tiempo carga sobre el consumidor final un costo que no responde a ningún criterio lógico.
“Lejos de generar precios accesibles, este sistema aumenta la rentabilidad de los intermediarios y genera distorsiones estructurales”, expresó. Según Acevedo, el modelo actual no busca eficiencia ni justicia, sino rentabilidad rápida para pocos. Y eso atenta contra el acceso equitativo a la comida. Se consolida una estructura que castiga al productor local y excluye al consumidor.
La denuncia busca abrir una discusión incómoda, pero necesaria. Acevedo puso sobre la mesa que no alcanza con hablar de barreras, diferenciales sanitarios o logística de distribución. La cadena completa debe transparentarse. Desde el frigorífico hasta la góndola. Desde el precio del kilo vivo hasta la boleta en la carnicería.
El legislador consideró que el modelo actual no funciona para nadie, salvo para los que concentran. Advirtió que los supermercados y frigoríficos se benefician de una posición dominante que ninguna autoridad controla. Y que, en ese esquema, los precios suben sin razones claras. Las familias pierden poder de compra. Los productores no mejoran sus ingresos. Y el sistema se vuelve cada vez más injusto.
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Acevedo remarcó que su crítica no apunta a levantar la barrera sanitaria. Dejó en claro que su respaldo a la política de diferenciación sanitaria sigue firme. Pero insistió en que eso no puede convertirse en un argumento para proteger prácticas abusivas. “Eliminar la barrera no va a resolver el problema del precio de la carne”, señaló. Y aclaró que en algunos casos, incluso puede agravarlo.
La experiencia reciente respalda su postura. En momentos donde la barrera sanitaria quedó suspendida, los precios no bajaron. Tampoco mejoraron las condiciones de los productores locales. Lo que sí ocurrió fue una mayor concentración del negocio y una pérdida de control sobre los estándares. Por eso, para Acevedo, no se trata de abrir el mercado, sino de regular lo que ya está adentro.
El legislador pidió al gobierno provincial que actúe sin demoras. Señaló que la Gerencia de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente de la Agencia de Recaudación Tributaria, tiene las competencias necesarias para iniciar una investigación seria. Dijo que no hace falta una nueva ley ni una gran estructura. Solo voluntad política.
Acevedo cree que el Estado puede y debe intervenir para garantizar transparencia. Aseguró que la carne es un alimento básico que no puede depender de la lógica del negocio puro. Defendió la necesidad de fijar reglas claras, limitar abusos y cuidar tanto al productor como al consumidor.
También se refirió a la falta de competencia real en algunas localidades. Señaló que en muchas ciudades patagónicas hay un solo supermercado con poder de compra. Un solo frigorífico que abastece. Un solo canal de distribución. Esa falta de alternativas se traduce en precios inflados y márgenes abusivos.
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“Este escenario destruye la posibilidad de una economía regional sana”, advirtió. Y reiteró que no alcanza con cuidar las vacas si no se cuida la mesa de las familias. Habló de una responsabilidad integral que la política no puede seguir esquivando.
La defensa del consumidor se volvió un tema urgente. En un contexto inflacionario, con ingresos cada vez más golpeados, los alimentos son la primera preocupación. La carne, símbolo de la mesa argentina, dejó de estar presente en muchos hogares.
Acevedo señaló que esta situación no se puede naturalizar. Dijo que mientras se discute si entra o no carne con hueso, nadie mira cuánto cuesta un kilo de asado. O por qué sube de golpe sin explicación. O por qué los precios varían tanto entre ciudades cercanas.
El reclamo de Acevedo busca romper con esa inercia. Exige que el gobierno no mire para otro lado. Que use las herramientas que ya existen. Y que no permita que un puñado de empresas maneje a su antojo un alimento esencial.
La denuncia tiene sustento técnico y político. El legislador viene siguiendo este tema desde hace tiempo. Conoce la estructura del negocio. Y sabe cómo se articula el poder económico en la cadena cárnica. Por eso reclama con fuerza.
No es una pelea menor. Lo que está en juego es el derecho a comer carne a un precio justo. También el futuro de cientos de pequeños productores. Y la posibilidad de una economía regional con reglas claras.
El gobierno de Weretilneck deberá dar respuestas. El pedido está presentado. El conflicto existe. Y el silencio no es una opción. Si hay cartelización, debe denunciarse. Si hay abuso de posición dominante, debe sancionarse.
Acevedo no propone destruir, sino corregir. Su planteo busca preservar lo que sirve y cambiar lo que daña. Cree en la barrera sanitaria. Pero también en la defensa del consumidor. En esa tensión construye su propuesta.
“La Patagonia se defiende con sanidad, pero también con justicia”, afirmó. Su consigna no divide, sino que une. Pide pensar una política completa. Que cuide a todos. No a unos pocos.
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