



La Inspección General de Justicia de la Provincia del Chubut intimó formalmente al Ente Administrador de Servicios Previsionales para Profesionales (COMBE) a convocar una Asamblea General Extraordinaria en un plazo máximo de diez días, con el objetivo de adecuar su estatuto a la legislación vigente y explicitar el carácter voluntario de la afiliación al sistema.
La decisión se enmarca en una investigación iniciada a raíz de múltiples denuncias de profesionales que fueron intimados a pagar deudas millonarias en concepto de aportes previsionales, pese a no haberse afiliado nunca a la entidad.
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La medida fue dispuesta por el Inspector General de Justicia, Ernesto D'Alessandro, y se basa en la Ley XVIII N° 41, modificada por la Ley N° 5808 en 2008, que establece que la afiliación al sistema previsional que administra COMBE es de carácter voluntario. Sin embargo, esa condición no se refleja actualmente en el estatuto de la institución.
Entre los artículos cuestionados se encuentran el 3° y el 4°, que deberán ser modificados para dejar expresamente asentado que ningún profesional puede ser obligado a incorporarse a la entidad sin su consentimiento.
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En su resolución, D'Alessandro remarcó que, incluso si existieran interpretaciones ambiguas, debe prevalecer el espíritu de la ley por sobre cualquier redacción literal. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló que las normas deben ser interpretadas en función de sus fines y del resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La intimación es consecuencia de una serie de auditorías e inspecciones iniciadas a partir del 30 de diciembre pasado, en las que se detectaron irregularidades en la documentación presentada por COMBE. Entre ellas, figuran inconsistencias en los registros y falta de información sobre los mecanismos mediante los cuales se consideraba a los profesionales como “afiliados obligatorios”.
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Mientras tanto, se aguarda que la conducción de COMBE cumpla con la convocatoria en tiempo y forma. De no hacerlo, la IGJ advirtió que podría disponerse la intervención directa del ente, como facultad prevista en el marco regulatorio vigente.