


El gobernador Ignacio Torres encabezó un encuentro con referentes de las comunidades originarias en la Legislatura del Chubut y anunció que su gestión iniciará este año la regularización total de los territorios comunitarios, compromiso que, según anticipó, espera concretar antes de finalizar su mandato. La medida forma parte de un paquete de tres proyectos legislativos orientados a institucionalizar el vínculo entre las comunidades y el Estado provincial.
“Vamos a avanzar, de manera conjunta, en la regularización dominial que establece la ley”, expresó el mandatario, quien remarcó que la decisión política busca resolver de forma definitiva derechos constitucionales postergados. En ese marco, se hará un relevamiento territorial que permitirá dar seguridad jurídica a quienes tienen legítimo arraigo en tierras ancestrales.
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El encuentro se realizó en el Auditorio de la Legislatura y contó con la participación del vicegobernador Gustavo Menna; los ministros Victoriano Eraso Parodi y Florencia Papaiani; la diputada provincial Jacqueline Caminoa; el director de Asuntos Indígenas, Fernando Antieco; y más de veinte referentes de comunidades de Gaiman, Lago Puelo, Trelew, Cushamen, El Hoyo, Puerto Madryn y otros puntos de la provincia.
Torres enfatizó que el Estado debe acompañar a quienes históricamente han peleado por su derecho al territorio, pero también diferenciar a quienes utilizan reclamos falsos para apropiarse de tierras. “Hay que separar a los verdaderos pueblos originarios de quienes enarbolan falsas banderas para cometer delitos”, sostuvo el gobernador.
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Uno de los proyectos presentados es el Procedimiento Protocolar de Consulta Previa Libre e Informada (PCPLI), en línea con el Convenio 169 de la OIT, que garantiza que toda medida legislativa o administrativa que afecte derechos indígenas sea consultada con las comunidades en condiciones adecuadas a su cultura y forma de organización.
La segunda iniciativa establece la creación del Registro de Comunidades Indígenas de Chubut, un paso necesario para la obtención de personería jurídica, lo que permitirá a las comunidades participar formalmente en instancias institucionales y acceder a programas estatales.
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Finalmente, el gobernador propuso modificar la Comisión de Tierras Indígenas (CTI), incorporando a cuatro representantes de comunidades legalmente inscriptas y designando como presidente ad hoc al Director de Pueblos Originarios. El objetivo es dotar a la comisión de una estructura más representativa y operativa.
Torres calificó el proceso como “un acto de Justicia que debería haberse concretado hace muchísimo tiempo” y planteó la necesidad de construir una agenda común sin intermediarios ni especulaciones. “Nuestra propuesta es organizarnos de la mejor manera y evaluar las metas en forma progresiva”, subrayó.
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El gobierno provincial aseguró que los proyectos buscan además promover la salud, la educación y la integración cultural, con énfasis en la formación de las próximas generaciones en el respeto a la historia y los saberes de los pueblos originarios.







