



Puerto Pirámides eliminó el respaldo económico municipal a su Biblioteca Popular. El Concejo Deliberante votó la derogación de la Ordenanza Nº 829/23.
La normativa derogada garantizaba la cobertura total de los gastos. Incluía servicios, personal y funcionamiento general. El municipio financiaba todo el sostenimiento.
El proyecto de derogación lo presentaron dos concejalas. Gabriela Bellazzi y Ana Fernández impulsaron el nuevo texto. Ambas pertenecen a bloques distintos del oficialismo provincial.
La sesión fue especial y contó con amplia participación. La mayoría del Concejo votó a favor del cambio. La decisión generó debate y posturas encontradas.
“La ordenanza original podía afectar la autonomía de la Biblioteca”, explicó Bellazzi. La presidenta del cuerpo remarcó la necesidad de respetar la independencia institucional.
La Biblioteca Asunción Cobo es una organización civil. No forma parte del sistema público estatal. Su gestión responde a un estatuto propio.
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El Concejo consideró que el municipio no debe intervenir en sus asuntos internos. Tampoco debe nombrar personal ni crear nuevas comisiones directivas.
La norma anterior incluía esas atribuciones. Permitía al Estado local participar en decisiones internas. Ese fue uno de los puntos más cuestionados.
Las concejalas destacaron el origen comunitario de la Biblioteca. “Fue construida y sostenida por la comunidad”, señalaron. No surgió como iniciativa gubernamental.
La Biblioteca Popular tiene mecanismos de financiamiento propios. Recibe apoyo de la Conabip y otras fuentes no estatales.
La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares otorga subsidios. Brinda recursos para infraestructura, libros y funcionamiento básico. También ofrece capacitación.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la independencia de la Biblioteca”, aseguró Bellazzi. La concejala defendió el valor cultural de la institución.
El nuevo enfoque busca preservar la autonomía. El municipio puede colaborar sin interferir. La gestión seguirá en manos de la comunidad.
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La derogación no implica abandono. Las concejalas prometieron acompañamiento institucional. Planean articular apoyo sin condicionamientos.
Algunos vecinos expresaron preocupación por el cambio. Temen recortes en servicios o reducción de actividades. La Biblioteca cumple un rol social clave.
La Asunción Cobo ofrece talleres, charlas y préstamo de libros. También realiza actividades con escuelas y turistas.
Funcionarios aclararon que no habrá cierre. La Biblioteca seguirá funcionando con apoyo indirecto. Buscarán nuevas vías de acompañamiento.
La decisión abre un debate sobre el rol del Estado local. Algunos creen que debe sostener espacios culturales. Otros priorizan el respeto a la autogestión.
En Pirámides, la Biblioteca representa un espacio de encuentro. Muchos vecinos colaboran como voluntarios. También participan organizaciones intermedias.
El vínculo entre comunidad y Biblioteca es histórico. Nació con aportes solidarios y trabajo colectivo.
El Concejo asegura que no hubo intención de dañar. Solo buscó ordenar el vínculo institucional. La meta es fortalecer sin invadir.
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El cambio obliga a revisar estrategias de financiamiento. La comisión directiva deberá reforzar gestiones ante organismos nacionales.
También podrían organizar campañas locales. Eventos, rifas y donaciones podrían sostener actividades. La comunidad suele responder en momentos críticos.
La autonomía tiene beneficios y desafíos. Mayor libertad implica mayor responsabilidad. La Biblioteca deberá administrar recursos con precisión.
El Concejo Deliberante se comprometió a seguir de cerca la situación. Podría generar nuevas ordenanzas más equilibradas.
Desde la Biblioteca no emitieron una postura oficial. Analizan los alcances reales de la derogación. Evalúan cómo afectará el funcionamiento cotidiano.
Pirámides debate su modelo de gestión cultural. La Biblioteca Asunción Cobo queda en el centro de esa discusión.



