Cristina
El fiscal Gerardo Pollicita continuará esta semana con una segunda ronda de declaraciones testimoniales en el marco de la causa que investiga si Cristina Fernández de Kirchner cobró de forma indebida una bonificación por zona austral mientras residía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El monto bajo análisis supera los 6 millones de pesos y fue abonado como complemento en sus pensiones de privilegio, hoy suspendidas.
La ex vicepresidenta enfrenta dos frentes judiciales vinculados a sus beneficios previsionales. Por un lado, litiga en el fuero de la Seguridad Social para recuperar la doble pensión correspondiente a su rol como ex jefa de Estado y como viuda del ex presidente Néstor Kirchner. El monto conjunto supera los 22 millones de pesos mensuales y fue cancelado por el Estado tras la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
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En paralelo, en Comodoro Py avanza la denuncia de la ANSeS y del Ministerio de Capital Humano que acusa a Fernández de Kirchner por haber recibido el adicional por zona austral pese a residir en Buenos Aires. El argumento central de la denuncia se basa en que este plus solo corresponde a quienes mantienen residencia efectiva en el sur del país. La ex mandataria asegura que su domicilio se mantiene en Río Gallegos y que allí vota y mantiene arraigo.
En una primera ronda de testimonios, Pollicita se encontró con una respuesta común por parte de los funcionarios consultados: delegaron la tramitación del plus en personal subalterno. Ante esa situación, ahora fueron citados nuevos testigos clave. Entre ellos, Cristian Villani, director de Gestión Administrativa y Técnica de ANSeS, deberá presentarse en los tribunales de Retiro el 23 de abril. Un día después, será el turno de María Alejandra Bergamaschi, ex directora general de Normas y Procesos del organismo previsional.
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Ambos deberán explicar las normativas internas que se aplicaron en los trámites otorgados bajo la Ley 24.018, que regula los beneficios previsionales especiales de expresidentes y exvicepresidentes, y cómo se justificó el pago del plus por zona austral.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal ya solicitó información complementaria al Ministerio de Capital Humano, que realizó la denuncia original. La investigación se orienta a determinar responsabilidades administrativas y eventuales delitos como estafa, fraude al Estado y falsedad ideológica.
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La controversia se profundizó luego de que la Sala IV de la Cámara de Casación confirmara en diciembre de 2023 la condena a Cristina Kirchner en el caso Vialidad. A partir de allí, el Gobierno nacional anuló ambas pensiones de privilegio y detectó que entre los pagos percibidos por la ex mandataria figuraban importes correspondientes a una bonificación regional incompatible con su domicilio declarado.
Fuente: Clarín
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