El Colegio de Abogados cuestiona la nueva ley que permite fallos sin fundamentación individual

El presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, Gustavo Cruz, expresó su preocupación por la reciente aprobación de una ley que permite a los jueces emitir fallos sin fundamentación individual, habilitando la remisión a argumentos de otros magistrados. Según explicó en diálogo con El Quinto Poder por #LA17, esta práctica contradice el artículo 169 de la Constitución Provincial, que exige que cada integrante del tribunal fundamente de manera autónoma sus decisiones.

“Hablar de remisión en un fallo no equivale a una fundamentación individual”, sostuvo Cruz, quien advirtió que la nueva norma no solo vulnera un principio constitucional sino que desnaturaliza el deber de argumentar con claridad y responsabilidad cada voto judicial. En ese sentido, el abogado señaló que la ley recientemente aprobada contradice la letra y el espíritu del artículo 169, que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

OTRAS NOTICIAS:

Se fugó el condenado por el femicidio de Ana Calfín en Esquel

El Colegio de Abogados no fue convocado a comisión ni consultado sobre el contenido de la norma. Para Cruz, esta omisión se inscribe en una tendencia preocupante a excluir a los operadores jurídicos de los procesos legislativos y normativos que afectan el funcionamiento de la Justicia. “No tuvimos ningún tipo de intervención ni se nos pidió opinión”, remarcó.

Aunque la ley ya fue sancionada, el dirigente sugirió que podría haber una colisión jurídica grave entre la nueva norma y la Constitución, lo que abre la puerta a posibles impugnaciones. “Si se altera un artículo constitucional sin modificar la Constitución, se está ante una enmienda encubierta”, explicó. La preocupación del Colegio apunta a evitar que estas prácticas se consoliden como norma.

OTRAS NOTICIAS:

Preparan los presedimentadores para la época de lluvias en Trelew

Cruz insistió en que el artículo 169 no deja lugar a interpretaciones. Exige que cada magistrado fundamente su voto de manera personal y diferenciada, sin delegar ni adherir sin argumentación propia. “Es un requisito básico de institucionalidad democrática”, concluyó.