Puerto Madryn frenó el avance de franquicias inmobiliarias por falta de garantías legales

El Concejo Deliberante de Puerto Madryn ratificó una ordenanza que prohíbe el funcionamiento de franquicias inmobiliarias sin aval profesional. La medida apunta a proteger a quienes buscan comprar o alquilar propiedades mediante canales seguros y regulados. La iniciativa fue respaldada por el concejal Federico Garitano en diálogo con El Quinto Poder por #LA17.

“No se puede jugar con algo tan importante como la casa propia”, advirtió Garitano al justificar la decisión. El edil explicó que la normativa ya estaba vigente, pero ahora se busca reforzar su cumplimiento ante el avance de plataformas digitales. El foco está puesto en evitar fraudes, abusos y operaciones sin respaldo legal.

Garitano advirtió que firmas como RE/MAX permiten que personas sin matrícula actúen como intermediarios. Esto representa un riesgo para el patrimonio de quienes confían en promesas que no tienen sustento jurídico. “Las consecuencias pueden ser millonarias y devastadoras para una familia”, señaló.

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La ordenanza regula el mercado inmobiliario y exige que todas las operaciones sean realizadas por corredores habilitados. El concejal remarcó que Chubut cuenta con un colegio profesional que garantiza controles y exigencias claras. “No todo vale cuando se trata del patrimonio familiar”, afirmó.

Según explicó, estas plataformas imponen condiciones abusivas que afectan a inquilinos, propietarios y compradores. Las comisiones no siempre son transparentes y existen múltiples denuncias por prácticas poco éticas. “El objetivo es proteger a los vecinos, no perseguir nuevas tecnologías”, aclaró.

Puerto Madryn tiene una red de inmobiliarios matriculados que cumple con las normas y ofrece seguridad jurídica. La ordenanza busca respaldar ese sistema frente a modelos foráneos sin arraigo ni compromiso local. “No se trata de impedir la innovación, sino de exigir reglas claras”, indicó.

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Garitano insistió en que las franquicias inmobiliarias no garantizan respaldo en caso de conflicto. Muchas veces, ante una estafa, el damnificado no tiene a quién reclamar ni cómo recuperar su dinero. “Eso no puede pasar cuando se compra una casa”, sostuvo.

También alertó sobre el riesgo de precarización del trabajo en el sector inmobiliario. Las plataformas promueven una lógica de informalidad que evade controles estatales y responsabilidades profesionales. “El servicio se degrada y los afectados siempre son los más vulnerables”, expresó.

La normativa incluye a otras empresas similares que replican el modelo sin matrícula ni estructura legal local. La Municipalidad decidió anticiparse a posibles conflictos como los que ya ocurrieron en otras ciudades del país. Madryn busca mantener un mercado ordenado y previsible.

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El edil recordó que vender o alquilar una propiedad implica sumas importantes. Por eso considera indispensable que haya garantías y seguimiento profesional en cada operación. “No se puede improvisar con algo que define el futuro de una familia”, remarcó.

El municipio no descarta reforzar los controles junto con el Colegio de Corredores Inmobiliarios. La idea es evitar publicidades engañosas y operaciones por fuera del marco legal. El cumplimiento de la ordenanza será monitoreado con inspecciones y sanciones.

Garitano reconoció que muchas personas recurren a internet por comodidad o rapidez. Sin embargo, advirtió que la tecnología no reemplaza la responsabilidad profesional. “Una página web no responde cuando hay un problema”, dijo.

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La normativa no busca prohibir la digitalización del sector, sino integrarla a un sistema transparente. El uso de herramientas modernas puede coexistir con la regulación adecuada. “Solo pedimos que cumplan la ley y respeten a quienes hacen las cosas bien”, insistió.

El caso de Puerto Madryn se suma a una tendencia que crece en otras provincias. Los municipios empiezan a revisar el impacto de las plataformas sobre mercados sensibles como el inmobiliario. El objetivo es evitar la informalidad y prevenir daños a gran escala.

La ciudad reafirma su compromiso con el derecho a la vivienda segura y legal. El control sobre las operaciones inmobiliarias es una política activa, no una reacción tardía. “Hay que cuidar al vecino antes de que sea tarde”, concluyó Garitano.