El Gobierno dijo que los medicamentos están debajo de la inflación, pero apuntó a laboratorios extranjeros

Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, los precios de los medicamentos en Argentina registraron una suba del 1,3% en marzo, ubicándose por debajo del índice general de inflación del 3,7%. Con este dato, el Gobierno acumuló diez meses consecutivos con aumentos por debajo del IPC, aunque el informe incluyó una distinción significativa entre medicamentos nacionales e importados, en un contexto de creciente tensión con los laboratorios extranjeros.

El informe, elaborado por la Dirección Nacional de Economía de la Salud, reveló que durante el primer trimestre de 2025, los medicamentos subieron en promedio un 5,2%, mientras que el IPC general trepó al 8,6% en ese mismo período. Sin embargo, los productos importados registraron un incremento del 6,5%, superando en 1,8 puntos porcentuales la suba del dólar oficial (4,7%).

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La distinción no pasó desapercibida: el Gobierno puso el foco en estos números en un momento sensible para el vínculo con la industria farmacéutica internacional, especialmente frente a la inminente creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (Anefits), que tendrá la potestad de decidir qué medicamentos pueden ingresar al país y cuáles no, en función de criterios de costo y efectividad.

El dato fue acompañado por una advertencia sutil, pero directa. Desde la cartera que dirige Mario Lugones remarcaron que los medicamentos de alto costo también mostraron una desaceleración, bajando de un 1,9% en enero a un 1,3% en marzo. No obstante, se aclaró que no todas las categorías de productos mostraron el mismo comportamiento, lo que refuerza la idea de una suba diferenciada según el origen del fármaco.

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En paralelo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aprovechó su intervención en la Cámara de Diputados para defender la creación de Anefits, la cual aún no fue oficializada en el Boletín Oficial. En la red X, sostuvo que la agencia busca “desregular el sistema sanitario eliminando normas obsoletas, estructuras duplicadas y criterios arbitrarios”, y su discurso dio por hecho que el organismo ya está en funciones.

El trasfondo de esta disputa tiene antecedentes. Durante 2024, el Gobierno ya había sostenido un conflicto con las empresas de medicina prepaga, que incluyó medidas cautelares y reclamos judiciales. Ahora, la fricción se traslada al plano de la innovación farmacológica, donde el Ejecutivo busca poner límites a los precios de medicamentos innovadores y de alto costo, sin cerrar la puerta al acceso, pero sí condicionando su aprobación a un análisis económico más estricto.

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La tensión también se refleja en la postura de las cámaras que agrupan a los laboratorios. Mientras CILFA, que representa a las firmas nacionales, se muestra afín a la política oficial, la CAEME, que nuclea a los laboratorios extranjeros, comenzó a emitir señales públicas de disconformidad, algo poco común en su tradicional estrategia de perfil bajo.