Fuerte cuestionamiento al Concejo Deliberante de Villa La Angostura

Una ordenanza aprobada en silencio desató el escándalo político más fuerte del año en Villa La Angostura. El Concejo Deliberante habilitó la incorporación de asesores y secretarios sin presupuesto vigente y con fundamentos poco claros.

Vecinos de la ciudad reaccionaron con una carta pública demoledora. Silvana Mercedes Gordillo y Guillermo Alejandro Hense encabezaron el reclamo y pidieron al intendente Javier Murer que vete la norma de manera urgente.

“Tomaron la decisión mirándose el ombligo”, denunciaron en la carta. Acusaron a los concejales de ignorar el contexto económico de la localidad y de actuar de espaldas a la ciudadanía.

El gasto estimado asciende a 52 millones de pesos por mes. Esa cifra incluye sueldos para nuevos asesores, secretarios de bloque, concejales y personal administrativo.

Según el detalle publicado, 24 millones se destinan a asesores, 21 millones a concejales y 7 millones a administrativos. El análisis excluye gastos operativos y de funcionamiento.

La ordenanza fue sancionada sin presupuesto 2025 aprobado. Tampoco se aprobó el Código Tarifario. Sin embargo, los concejales ya proyectan una suba del 60% en tasas municipales.

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Los vecinos señalaron que la medida contradice la Carta Orgánica local. Recordaron que el artículo 162 impide realizar gastos sin presupuesto o sin ordenanza que garantice recursos.

Además, destacaron que el municipio no tiene ingresos propios suficientes. Por eso, el aumento de personal se considera irresponsable y violatorio del marco normativo.

La sesión que aprobó la ordenanza se realizó por la mañana. La ciudadanía no participó. El reclamo apunta también a la falta de acceso público a las decisiones del Concejo.

“Nos enteramos por los medios, no por los representantes”, afirmaron. Criticaron el secretismo del proceso legislativo y el formato que impide el control ciudadano.

Solo dos concejales votaron en contra. Sebastián Raimondo y Eugenia Mesa se opusieron a la medida. El resto del cuerpo acompañó la propuesta sin debate profundo.

El fundamento oficial fue el supuesto aumento poblacional. También mencionaron la necesidad de revisar normas “obsoletas” y atender mayor volumen de trabajo.

Los vecinos no aceptaron esos argumentos. Señalaron que existen áreas técnicas dentro del municipio que pueden prestar asesoramiento sin incrementar la planta política.

También propusieron convocar a colegios profesionales y asociaciones locales. Arquitectos, abogados, comerciantes y otros actores podrían aportar sin relación laboral.

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La carta cuestionó el desinterés político por el gasto público. Recordaron que cada familia debe ajustarse por la crisis, mientras los políticos aumentan sus cargos.

“La plata no alcanza y cuesta ganarla”, escribieron con dureza. Reclamaron austeridad y responsabilidad a quienes manejan los recursos de todos.

El intendente Javier Murer quedó en el centro de la escena. La carta lo insta a usar su facultad de veto para frenar el “derroche innecesario” aprobado por el Concejo.

También lo responsabilizaron por los servicios básicos deficientes. Luz, agua y obras públicas en crisis contrastan con un gasto millonario para cargos políticos.

El debate expuso una grieta entre el Ejecutivo y el Legislativo local. Mientras el gobierno busca mejorar ingresos propios, el Concejo gasta sin control.

La falta de transparencia es otro eje del conflicto. El texto denuncia la ausencia de mecanismos de consulta o participación antes de votar la ordenanza.

El escándalo también afecta la credibilidad institucional. La ciudadanía observa cómo se toman decisiones alejadas de las prioridades comunitarias.

“La política se convirtió en un refugio de privilegios”, dice el documento. Critica los beneficios que reciben los funcionarios, mientras los servicios siguen sin mejoras.

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La ordenanza no contempla tareas ni funciones específicas. Solo amplía la cantidad de asesores por bloque sin justificación técnica.

El descontento crece entre comerciantes, vecinos y trabajadores. Muchos exigen que se anule la medida y que se revise la estructura del Concejo Deliberante.

También proponen revisar los sueldos actuales. Piden recortes y redireccionamiento hacia obras y servicios básicos.

El malestar tiene un fuerte componente ético. Se cuestiona el uso del dinero público en tiempos de ajuste y recorte para el resto de la sociedad.

“Queremos otra forma de gobernar”, concluye la carta. El pedido de veto representa un grito ciudadano por más control y menos privilegios.

La decisión final está en manos del intendente. Su respuesta marcará el rumbo político del municipio en los próximos meses.

La comunidad de Villa La Angostura espera señales claras. Austeridad, respeto por las normas y uso responsable del dinero. Nada más. Nada menos.

Mientras tanto, la cifra sigue retumbando en cada rincón. 52 millones por mes para cargos políticos. Sin presupuesto. Sin consulta. Sin justificación.