Ruta 3 Comodoro Caleta Foto OpiSantaCruz
La Autopista de la Ruta 3, una obra estratégica para la conectividad patagónica, continúa en un estado de parálisis. A más de quince años de su licitación inicial, la obra acumula sobrecostos, cambios de contratistas y denuncias judiciales que explican su actual abandono.
En su primer intento, la ruta estuvo a cargo de las empresas de Lázaro Báez, quien, según los registros oficiales, avanzó apenas un 37% con sobreprecios millonarios que fueron objeto de peritajes en el juicio por corrupción contra Cristina Kirchner. Tras la relicitación en 2016, el empresario Cristóbal López, a través de su firma CPC, recibió la adjudicación, pero la obra volvió a quedar inconclusa.
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Desde el Gobierno de Javier Milei señalan que la obra está abandonada, mientras que el Grupo Indalo argumenta que "la paralización fue decidida unilateralmente" y reclama una deuda de 300 millones de pesos impagos. Vialidad Nacional sostiene que, ante el incumplimiento y el cúmulo de irregularidades, optó por neutralizar el contrato y dejar de asignar nuevos fondos.
La inversión prevista para completar los trabajos durante el último gobierno kirchnerista había ascendido a casi diez mil millones de pesos, una cifra muy superior a los montos iniciales presupuestados. Informes periciales concluyeron que sólo en uno de los tramos hubo sobreprecios que rondaron los 50 millones de dólares.
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Actualmente, en el tramo adjudicado a CPC, sólo se realizan tareas mínimas de mantenimiento financiadas con recursos propios, sin avances de obra ni plazos previstos para su relicitación. Desde la empresa aseguran que mantienen equipos y seguridad en el lugar, pese a la falta de actualizaciones presupuestarias.
La autopista es considerada vital para más de 7.000 transportistas y viajeros que circulan a diario por la región, afectados por problemas de seguridad vial y congestión en el corredor costero. Sin embargo, el proyecto original, que preveía un plazo de ejecución de 30 meses, quedó reducido a una promesa incumplida.
La obra, además, forma parte del paquete de 51 contratos analizados en el juicio por corrupción que derivó en la condena de Cristina Kirchner, y también está incluida en una demanda civil millonaria por daños y perjuicios contra ex funcionarios y empresarios. La acción judicial busca recuperar al menos parte del dinero público desviado en los contratos con el Grupo Austral.
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Mientras el litigio avanza y la revisión de la condena por corrupción llega a la Corte Suprema, el Gobierno libertario no descarta rescindir definitivamente el contrato actual para redefinir el futuro de la obra. Hasta nuevo aviso, el principal corredor vial del sur argentino seguirá inconcluso, en el centro de un extenso entramado de corrupción y disputas.
En las últimas declaraciones sobre la obra, desde el gobierno chubutense, el mandatario indicó: "vamos a tener herramientas para judicializar e intimar a que esta ruta se termine”
Fuente: Clarín
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