Causa YPF: la justicia de Estados Unidos pide los chats de Caputo y Massa por la expropiación

La causa judicial por la expropiación de YPF sumó un giro inquietante este martes, cuando la jueza estadounidense Loretta Preska ordenó que la Argentina entregue las comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios clave del área económica, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa. La medida se enmarca en el proceso de ejecución del fallo que condena al país por el proceso de estatización de la petrolera iniciado en 2012.

Preska solicitó el contenido de mensajes enviados desde dispositivos personales, incluidos chats de WhatsApp, así como correos electrónicos y comunicaciones internas relacionadas con YPF y el Banco Central. La orden también habilita una ampliación del “discovery” judicial para investigar posibles vínculos de alter ego con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.

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La decisión fue tomada mientras Argentina presentaba su apelación formal contra la ejecución del fallo, advirtiendo que forzar la entrega de las acciones de YPF provocaría “un daño irreparable a la República” y podría derivar en un conflicto diplomático con los Estados Unidos.

“La ejecución afectaría al pueblo argentino, a los accionistas de YPF y al interés público”, sostuvieron los abogados del Estado en el escrito presentado ante la Corte de Apelaciones. También remarcaron que la jueza Preska está vulnerando la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado soberano bajo legislación estadounidense.

Desde el Gobierno, fuentes oficiales indicaron que ya se entregaron más de 100.000 páginas de documentación a los demandantes, incluyendo información financiera de Argentina en bancos de varios países. Consideran que el pedido actual representa un abuso del proceso judicial por parte del fondo Burford Capital, financiador de la demanda.

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“Están utilizando el discovery como herramienta de presión política”, señaló una fuente cercana a la Casa Rosada, quien denunció que el verdadero objetivo de los litigantes es entorpecer los esfuerzos del país por estabilizar su economía.

En el plano técnico, el Gobierno evalúa apelar esta orden de producción de pruebas, que califican como “sin precedentes” por su alcance intrusivo. Aseguran que la exigencia de entregar comunicaciones personales de altos funcionarios va en contra del derecho internacional y de las propias leyes de Estados Unidos.

Durante la audiencia celebrada este martes en Nueva York, la jueza resolvió solicitudes presentadas hace un año por los demandantes. La audiencia no trató el fondo de la apelación, sino el alcance de las pruebas a ser recolectadas mientras se evalúa la ejecución del fallo.

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La tensión diplomática se incrementa, ya que Argentina sostiene que las acciones de YPF se encuentran en territorio nacional y que cualquier intento de apropiación desde el exterior violenta el principio de soberanía.

Por ahora, la Corte de Apelaciones tiene la última palabra: deberá decidir si valida la orden de Preska o si hace lugar al pedido argentino de suspender la ejecución hasta que se resuelva la apelación completa.

Fuente: N A