Foto oficial Ejército Argentino
El Gobierno nacional autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones transitorias de civiles en la frontera norte ante la comisión de delitos en flagrancia, en el marco del recientemente iniciado "Operativo Roca". La medida se implementa mediante reglas de empeñamiento reservadas, establecidas en la resolución 347 del Ministerio de Defensa, que también regulan el uso de armas y las condiciones de actuación de los efectivos desplegados.
Según confirmaron fuentes militares, las instrucciones permiten que los soldados aprehendan a personas en situación de delito flagrante, con la obligación de informar de inmediato a las fuerzas de seguridad, a la Justicia o al Ministerio Público Fiscal. El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la medida al señalar que el Código Procesal Penal contempla que cualquier autoridad, o incluso un particular, puede realizar una aprehensión en esas circunstancias.
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Las órdenes de empeñamiento, diseñadas para limitar el uso de la fuerza a casos de legítima defensa o protección de terceros, también imponen criterios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad en las intervenciones militares. No obstante, exministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy advirtieron que estas directrices podrían entrar en conflicto con la Ley de Seguridad Interior vigente.
El operativo arrancó la semana pasada en Salta con 1.300 efectivos, aunque el Gobierno proyecta desplegar hasta 10.000 soldados antes de fin de año, lo que representaría aproximadamente el 25% de las fuerzas operativas del Ejército. No obstante, fuentes castrenses señalaron que existen limitaciones materiales para cumplir esa meta de forma simultánea.
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Entre las indicaciones específicas, se prohíbe el uso de armas de fuego contra personas o vehículos que intenten evadir un control, aun cuando existan sospechas de actividades ilícitas. También se establece el control disuasivo mediante técnicas físicas o disparos de advertencia, graduados en niveles de alerta del armamento que los efectivos portan.
El operativo, dispuesto por resolución ministerial sin decreto presidencial que lo respalde, genera inquietudes en la cadena de mando militar, principalmente en lo relativo a la responsabilidad de los cuadros ante eventuales incidentes o demandas judiciales. El anexo reservado invoca el respeto a la Constitución y a las leyes, pero impone directamente la aplicación de los códigos Penal y Procesal Penal.
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Además de las complicaciones operativas, el despliegue militar enfrenta tensiones presupuestarias. Los efectivos de las Fuerzas Armadas perciben sueldos aproximadamente un 30% inferiores a los de las fuerzas de seguridad federales, como Gendarmería y Prefectura, complicando el sostenimiento logístico del operativo.
El "Operativo Roca" es el tercer intento en dos décadas por reforzar con presencia militar las zonas críticas de la frontera norte, luego de experiencias similares durante las gestiones kirchnerista y macrista. Sin embargo, las fuentes advierten que, pese a los esfuerzos, las fronteras siguen siendo altamente permeables al contrabando y al narcotráfico.
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Desde sectores políticos y militares hay consenso en que es necesario actualizar las leyes de Defensa y Seguridad Interior para clarificar los roles de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad, procurando separar estrictamente las funciones complementarias de las competencias principales.
Por el momento, la actuación de los militares en tareas de vigilancia y control fronterizo continuará bajo las nuevas directrices, mientras se acumulan críticas sobre su encuadre legal y la falta de respaldo normativo explícito.
Fuente: Clarín, Infobae, ámbito financiero, NA
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