

“Vamos a reactivar la palanca del Congreso para impulsar las reformas libertarias”
Actualidad12/05/2025

El ministro Federico Sturzenegger delineó el nuevo rumbo institucional del oficialismo. Habló en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Se dirigió a los empresarios más influyentes del país. Expuso su visión para una reforma estructural profunda. Anunció que el Gobierno espera diciembre para activar la agenda legislativa. Recién allí propondrán los cambios en materia laboral, previsional y fiscal.


“Vamos a reactivar la palanca del Congreso”, afirmó. Lo dijo con tono enfático. Apostó a un Congreso con mayor presencia oficialista. Sostuvo que eso permitiría aprobar leyes clave sin obstáculos. El Gobierno no piensa discutir estos temas ahora. Prefiere esperar una mayoría automática.
El anuncio tiene implicancias directas para el sector productivo. Las urgencias no pueden esperar. El sector pesquero y la industria viven una crisis sostenida. Las exportaciones caen. Las plantas paralizan turnos. Las economías regionales pierden competitividad. Y sin políticas inmediatas, muchas actividades podrían quebrar.
Sturzenegger se enfocó en el régimen laboral. Cuestionó la centralización de los convenios colectivos. Dijo que el modelo actual desconoce la diversidad regional. Propuso un sistema flexible. Semejante al alemán. Con negociaciones por empresa o por territorio. Adaptado a cada realidad productiva.
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“No puede tratarse igual la productividad en Milán que en Calabria. Lo mismo pasa en nuestro país”, explicó. El ministro quiere un marco legal más abierto. Quiere que las empresas y los gremios negocien sin rigideces. Pero dejó en claro que el Estado no impondrá reglas.
La afirmación generó dudas. Los convenios aún deben pasar por la Secretaría de Trabajo. El Estado sigue validando las paritarias. Las empresas no pueden acordar libremente. La promesa de flexibilidad tiene un límite institucional. Las contradicciones persisten.
El sector pesquero no apareció en el discurso. Tampoco el industrial. Nadie mencionó sus urgencias. El Gobierno habla de reformas, pero no escucha a quienes necesitan respuestas ahora.
Sturzenegger también criticó el sistema educativo. Dijo que las escuelas públicas no pueden ofrecer contenidos digitales. Lo calificó de insostenible. Vinculó la educación con la productividad. Planteó una modernización inmediata.
En materia fiscal, pidió revisar la lógica del gasto. Rechazó las demandas de rebajas impositivas sin recorte previo. “Menos impuestos sin menos gasto solo traslada la carga de un contribuyente a otro”, sostuvo.
Sobre la coparticipación, fue escueto. Dijo que el tema lo manejará Luis Caputo. No dio detalles. No mencionó cómo afectaría a las provincias. Ni qué cambios se prevén para los fondos federales.
El mensaje a los empresarios fue directo. “Los necesitamos como socios de la motosierra”, afirmó. Invitó al sector privado a acompañar las reformas. Pidió compromiso. Prometió bajar impuestos si se reduce el gasto.
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La exposición incluyó una crítica al kirchnerismo. Lo acusó de haber encerrado al país. Dijo que impidió las reformas necesarias. Reivindicó el nuevo rumbo. Propuso estabilización, apertura y desregulación.
Sin embargo, diciembre está lejos. La crisis no espera. El empleo cae. Las exportaciones bajan. Las inversiones no llegan. La política se mueve a otra velocidad. Las empresas necesitan medidas hoy.
El sector pesquero está en emergencia. Las plantas congeladoras recortan personal. Las cámaras empresarias piden alivios. Los gremios denuncian parálisis. El Gobierno no ofrece respuestas. Solo promete reformas para fin de año.
Las urgencias no entran en la hoja de ruta oficial. La agenda legislativa se posterga. La economía real se hunde. Las decisiones se patean. Los problemas se profundizan. El conflicto social crece.
La industria también necesita previsibilidad. Los costos internos aumentan. La presión fiscal asfixia. La falta de acuerdos comerciales limita mercados. Las pymes no aguantan. Y la recesión se agrava.
Los anuncios de Sturzenegger trazan un horizonte incierto. Las promesas dependen de una mayoría parlamentaria que todavía no existe. Y los sectores productivos no tienen garantías.
El oficialismo apuesta al resultado electoral. Quiere usar ese respaldo para impulsar cambios drásticos. Pero no resuelve el presente. Solo planifica el futuro.
La exclusión del sector pesquero es sintomática. Refleja una mirada parcial. Una agenda que prioriza las finanzas y olvida la producción. Un plan que ignora el potencial estratégico de los recursos naturales.
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Los gremios advierten por despidos. Las cámaras empresarias alertan por cierre de plantas. Las provincias reclaman fondos. Nadie escucha. Nadie responde.
La pesca no está en la mesa de decisiones. La industria no forma parte del debate. El interior productivo queda relegado. Otra vez. Como tantas otras veces.
El Gobierno define el rumbo sin mirar a los costados. Sin incluir voces del trabajo. Sin consultar a las economías regionales. Sin considerar las consecuencias sociales.
Las reformas pueden esperar. La crisis, no. Las familias no pueden suspender la necesidad. Las empresas no pueden congelar la realidad.
La brecha entre la política y la producción crece. Se vuelve insostenible. Se transforma en conflicto. Se convierte en ruptura.
El Congreso podrá cambiar. Pero el hambre ya está. La inflación golpea. El desempleo avanza. Las fábricas paran. Los barcos no salen.









