Servicoop.
La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras expresó su profundo rechazo al aumento tarifario. El incremento fue aprobado por el Concejo Deliberante y aplicado por la cooperativa Servicoop en Puerto Madryn.
Las empresas afirman que la suba resulta desproporcionada e insensible. Consideran que se adoptó sin tener en cuenta la situación crítica que atraviesa el sector industrial pesquero.
CAPIP advirtió que el aumento afectará la competitividad de toda la cadena productiva. Sostiene que el alza de tarifas impactará en la estructura de costos de las plantas de procesamiento.
“La sostenibilidad de miles de empleos se ve amenazada”, alertó la cámara. El comunicado lleva la firma del presidente Agustín de la Fuente y del gerente Luis Gabriel Pérez.
La nota fue dirigida a Servicoop, al Concejo Deliberante y al intendente Gustavo Sastre. El sector planteó que el ajuste tarifario compromete la viabilidad económica de la actividad.
“El incremento del 19% resulta inoportuno y desmedido”, sostuvo CAPIP. El documento advierte que se suma a otras presiones que enfrenta la industria.
Los empresarios recordaron que desde hace tres años piden la declaración de emergencia pesquera. Hasta ahora no obtuvieron respuesta institucional ni provincial ni nacional.
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La suba se dio en medio de un contexto de inflación, atraso cambiario y caída de rentabilidad. A eso se agregan mayores costos logísticos, laborales e impositivos.
CAPIP advirtió que el costo de los servicios supera el tipo de cambio del dólar exportador. Esto reduce aún más la competitividad de los productos pesqueros.
El sector también criticó el peso creciente de los salarios embarcados sobre el precio de exportación. Afirmaron que ese desbalance genera una estructura ineficiente e insostenible.
“El aumento golpea directamente en un servicio esencial como la energía eléctrica”, expresaron. Señalaron que el impacto será inmediato en la operatividad de las plantas.
Aseguraron que el incremento pone en riesgo toda la cadena pesquera de Puerto Madryn. Afectará a empresas, cooperativas, proveedores y trabajadores.
“La rentabilidad y la competitividad están comprometidas”, remarcaron en el escrito. También alertaron sobre el efecto en las exportaciones y en la generación de divisas.
La industria recordó que el sector pesquero es uno de los motores de la economía regional. Aporta empleo, valor agregado y genera actividad en todo el entramado comercial local.
“Este tarifazo pone en peligro el desarrollo económico de la ciudad”, afirmaron. Sostienen que la medida golpea la producción y no tiene justificación técnica ni política.
Para CAPIP, debieron evaluarse alternativas antes de trasladar el costo a los usuarios. Propusieron medidas equitativas y soluciones estructurales que no perjudiquen al sector productivo.
“Se podría haber gestionado la deuda con Cammesa sin afectar la industria”, señalaron. Cuestionaron que no se convocaron a instancias de diálogo antes de la decisión.
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La cámara solicitó formalmente que se retrotraiga el aumento tarifario. Planteó que la medida es regresiva y perjudica al principal sector generador de empleo privado en la ciudad.
Pidieron que se convoque a una mesa multisectorial para revisar la decisión. Ofrecieron colaborar con propuestas que contemplen el contexto actual.
Los empresarios resaltaron que no rechazan la deuda con Cammesa. Pero entienden que no puede resolverse con ajustes que dañen a los sectores estratégicos de la producción.
El sector pesquero de Puerto Madryn atraviesa una crisis de ingresos y exportaciones. El alza de tarifas podría agravar el panorama de retracción e inestabilidad.
CAPIP alertó que muchas empresas ya operan con márgenes nulos o negativos. Varias plantas podrían frenar su producción si no se revierte el cuadro tarifario.
También reclamaron al municipio un rol activo en la búsqueda de soluciones. Recordaron que la ordenanza fue votada por el Concejo sin debate amplio con el sector.
El documento apunta a sostener la actividad y evitar despidos masivos. La pérdida de empleos afectaría a miles de familias que dependen de la pesca.
El impacto también alcanzará al comercio, los servicios y la recaudación municipal. La crisis pesquera tiene consecuencias sociales, económicas y laborales profundas.
CAPIP insistió en la necesidad de previsibilidad y diálogo institucional. La industria exige condiciones que le permitan mantenerse activa y sustentable.
El pedido fue formulado de manera formal y pública. La cámara busca una respuesta rápida que evite un daño mayor.
“No se puede exigir a la industria que pague las consecuencias de decisiones ajenas”, concluyeron. La nota reclama responsabilidad, diálogo y acciones urgentes para corregir el rumbo.
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