Piden transparencia en el Poder Judicial de Chubut por aumentos, designaciones y compras millonarias

“Están pasando cosas que no conocíamos”, dijo el presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut, Claudio Petri, en una entrevista con el programa “El Quinto Poder” por #LA17. La frase resume el clima de desinformación, desconfianza y descontento que reina entre jueces, fiscales y trabajadores judiciales tras conocerse acuerdos del Superior Tribunal de Justicia que no fueron publicados oficialmente y que incluyeron aumentos selectivos, designaciones sin concurso y la compra de camionetas de alta gama.

El punto de partida fue el acuerdo plenario 5412, firmado en marzo por los ministros del STJ, pero del que el gremio judicial se enteró recién en junio. Petri afirmó que esa decisión benefició solo a ministros, el procurador y el defensor general, y que no respetó la ley de porcentualidad, la norma que establece que los aumentos salariales deben aplicarse proporcionalmente en toda la estructura judicial.

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La Asociación de Magistrados pidió los detalles por escrito. A la fecha, no recibieron ninguna respuesta. Además, tampoco hay certeza sobre la implementación efectiva de los aumentos. Petri subrayó que mientras la Corte Suprema Nacional otorga subas progresivas, en Chubut no se aplican ni siquiera los ajustes establecidos desde 2015. El gremio calcula una deuda del 11,8% con relación a esos incrementos.

La falta de fondos es el argumento central del STJ para justificar los incumplimientos. Sin embargo, la compra de seis camionetas Toyota SW4, por un valor estimado de 420 millones de pesos, generó indignación. Petri fue tajante: “No hay dinero, pero compran camionetas”. Las imágenes de los vehículos circulan en redes sociales y no fueron desmentidas por el tribunal.

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A esto se suma la designación de funcionarios sin concurso en cargos jerárquicos, como en la recientemente creada Secretaría de Infraestructura Judicial. Petri señaló que la Constitución provincial exige concurso público y que los nuevos ingresos, como los de los funcionarios Pardini y Catalán, no tienen respaldo normativo.

El Colegio de Abogados también solicitó informes, sin respuestas. El gremio judicial pidió una reunión urgente para este jueves a las 9. La Asociación de Magistrados, en cambio, no fue convocada, a pesar de haber reclamado formalmente información.

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Además, se reflotó una acordada de 1989, que otorgaría un 10% extra para ministros, a pesar de estar tácitamente derogada por la ley de porcentualidad. Petris calificó esta maniobra como “arbitraria y confusa”, en un contexto donde ni siquiera hay presupuesto para pericias básicas.

“Queremos saber dónde estamos parados”, reclamó Petri, quien remarcó que la Asociación exige transparencia, legalidad y un canal de diálogo institucional efectivo. El malestar interno crece, mientras el silencio oficial profundiza el desconcierto dentro del Poder Judicial de Chubut.