Prepagas
Una multa de 5 millones de pesos fue impuesta por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor a la prepaga Omint, tras haberse comprobado que una mujer no pudo acceder a un aborto legal en una clínica del grupo. La paciente, cuyo embarazo presentaba malformaciones fetales incompatibles con la vida, recurrió a su derecho amparado por la Ley 27.610, pero fue desinformada y rechazada por el médico que la atendió.
Blanca —nombre ficticio utilizado para preservar su identidad— había recibido la confirmación médica de que el embarazo no era viable. A pesar de haberlo deseado, decidió interrumpirlo. Sin embargo, según detalló Amnistía Internacional, su médico no sólo se negó a realizar la práctica, sino que también se abstuvo de derivarla, y además le impuso sus juicios personales generándole miedo con información tergiversada.
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La negativa tuvo lugar en la Clínica Santa Isabel, perteneciente al Grupo Omint, a la que Blanca asistió aunque no era afiliada de la prepaga. La resolución de Defensa del Consumidor consideró que, en el marco de una relación de consumo, Omint es responsable por las acciones de sus prestadores. De acuerdo al fallo, la prepaga incumplió con la Ley 24.240 por no brindar información clara y por vulnerar el trato digno a la usuaria.
Amnistía Internacional, que asesoró legalmente a la denunciante, subrayó que “cuando una prepaga no garantiza un aborto legal, no sólo vulnera derechos en salud, sino que también infringe normas de consumo”. En este caso, Blanca logró finalmente acceder a la interrupción del embarazo en otro establecimiento de salud.
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La multa fue dictada en septiembre del año pasado, pero recién ahora se conoció públicamente gracias a un pedido de acceso a la información. Como la sanción no tiene carácter indemnizatorio, la mujer no había sido notificada del resultado favorable de su denuncia iniciada en 2022.
Omint decidió apelar la medida, por lo que la multa no se encuentra firme. La causa continúa en la Cámara que deberá resolver el litigio entre la prepaga y el Estado. Consultada por medios nacionales, la empresa prefirió no hacer declaraciones mientras el proceso esté en curso.
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La sanción también reaviva la discusión sobre el cumplimiento efectivo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde su entrada en vigencia en 2021, las clínicas privadas, especialmente aquellas con ideario religioso, han manifestado resistencias pese a que la ley garantiza el acceso hasta la semana 14 sin necesidad de justificación.
Fuente: Clarín
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