El escándalo del Superior Tribunal crece en medio de lujos y polémicas

El Poder Judicial de Chubut atraviesa una crisis institucional profunda. Aumentos salariales cuestionados, compras millonarias sin control y privilegios que contrastan con la realidad del resto del Estado generaron un escenario de tensión con sindicatos, magistrados y el propio gobierno provincial. El escándalo se conoció a partir de un posteo en redes que expuso el uso de fondos reservados y la compra de vehículos de alta gama.

Todo comenzó con una publicación del exministro Fernando Royer. El domingo 1 de junio, el exjuez publicó en su cuenta de Facebook que los ministros del Superior Tribunal de Justicia habían adquirido seis camionetas Toyota SW4, con un costo de más de 420 millones de pesos. Además, sumó viáticos, pasajes, gastos sin discriminar, tarjeta corporativa y alquileres pagos. Aunque borró el mensaje a los pocos minutos, el daño ya estaba hecho.

Royer no sólo fue ministro de la corte durante 25 años, sino que también había firmado en 1989 la Acordada que ahora vuelve a estar bajo la lupa. Esa norma establecía un adicional del 10% para los jueces superiores, en concepto de erogaciones propias de la función. Con los años, ese porcentaje creció hasta el 30%. Según la Asociación de Magistrados, la acordada perdió vigencia en 2005 con la ley de Porcentualidad, pero nunca se derogó.

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La publicación de Royer fue el catalizador de un conflicto que venía gestándose. Días antes, la Asociación de Magistrados había pedido informes al Superior Tribunal para conocer el origen de los gastos extras y la creación de cargos sin concurso. La respuesta no llegó, pero la polémica ya había estallado. El malestar se transformó en acciones gremiales y un clima de desconfianza generalizado.

La presidenta del sindicato judicial, Gabriela Huenchual, afirmó que el presidente del STJ había recibido un incremento total del 60% por sobre su salario básico. Los sueldos de los ministros, según trascendidos, habrían alcanzado los 9 millones de pesos, mientras el personal judicial arrastra deudas salariales desde 2024. El contraste entre la cúpula judicial y el resto del Poder Judicial generó una indignación que se trasladó a toda la comunidad.

El gobernador Ignacio Torres también intervino. Cuestionó los “privilegios” del Poder Judicial y comparó la situación con el aumento de dietas en el Senado. Aunque sus críticas apuntaron directamente a los ministros del STJ, también lanzó dardos contra la Asociación de Magistrados por su oposición a la reforma constitucional que impulsa su gobierno. El conflicto se politizó y sumó nuevas tensiones al debate institucional en Chubut.

El escándalo también incluye la compra de seis camionetas SUV en octubre de 2024, la contratación de secretarios para cada ministro, la adquisición de pasajes aéreos con tope de doce por año y el uso de tarjetas corporativas. Todo se cubrió con el presupuesto del Poder Judicial. Los gastos se dispararon sin control y en un contexto de ajuste en otros sectores del Estado.

La crisis tiene múltiples aristas. Abarca aspectos legales, éticos, presupuestarios y políticos. La Acordada 2797 de 1989 quedó como el símbolo de un sistema que se autorregula y se autoasigna beneficios sin controles externos. El conflicto actual reactualiza viejas críticas al funcionamiento del Poder Judicial en Chubut.

Los colegios de abogados también se sumaron al pedido de explicaciones. Presentaron notas formales pidiendo revisar las decisiones del STJ. El respaldo de los magistrados a las medidas del sindicato también es inédito. Por primera vez en años, todos los actores del sistema judicial coincidieron en señalar a la cúpula como responsable de la crisis. La desconfianza es general y crece con cada nuevo dato que se conoce.

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En este contexto, el debate de fondo es otro. ¿Cuánto debe ganar un juez? ¿Deben existir privilegios en el Estado? ¿Hay margen para autorizar beneficios en un clima de ajuste generalizado? Las respuestas aún no llegan, pero la sociedad ya tomó nota de los excesos.

Mientras tanto, el Superior Tribunal no emitió declaraciones públicas. Los ministros mantienen silencio mientras en pasillos se multiplican las versiones sobre renuncias, presiones y posibles fallos judiciales que podrían revertir los beneficios obtenidos. El Poder Judicial, acostumbrado a hablar con sentencias, ahora está obligado a dar explicaciones.