Rogelio Frigerio
El gobierno de Entre Ríos formalizó dos demandas por cerca de 1.000 millones de dólares contra el Estado nacional, en una acción sin precedentes para la provincia. La presentación judicial apunta a incumplimientos por parte de la ANSES y por la deuda histórica derivada de la represa de Salto Grande, y ya se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El gobernador Rogelio Frigerio remarcó que el reclamo debería haberse iniciado hace años, tal como hicieron otras provincias como Córdoba y Santa Fe, que hoy acceden a fondos millonarios para obras públicas. “Los juicios ya están en marcha y se deberían haber hecho hace décadas”, sostuvo en diálogo con medios provinciales.
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Uno de los puntos centrales de la demanda es la deuda generada por los beneficios que le corresponden a la provincia por la explotación energética de Salto Grande, que según la Fiscalía de Estado de Entre Ríos asciende a 724 millones de dólares en concepto retroactivo. La otra parte del reclamo tiene como eje los aportes previsionales que la ANSES no habría transferido correctamente durante años.
Frigerio explicó que la decisión de iniciar acciones legales fue inmediata tras asumir su gestión, y señaló que “Entre Ríos fue históricamente pasiva” frente a los atropellos económicos del gobierno central. “Mis colegas me preguntan cómo nunca se hizo un juicio para defender los intereses provinciales”, agregó.
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Las declaraciones del mandatario se dieron en el marco de la presentación de inversiones privadas en la empresa ITASA, una de las primeras en acceder al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), que exime de impuestos por 15 años a quienes se sumen. La firma invertirá cuatro millones de dólares en la provincia.
El gobernador destacó que, gracias al RINI, 17 empresas invertirán en total 21.000 millones de pesos en Entre Ríos, generando empleo y dinamismo económico. “Queremos que el sector privado sea el motor de crecimiento. Por eso garantizamos estabilidad fiscal”, dijo.
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En paralelo, Frigerio cuestionó a los gobiernos anteriores por su “desvinculación con el sector productivo” y apuntó contra el uso del empleo público y la presión tributaria como formas de financiamiento del Estado. “Engrosar la planta estatal y aumentar impuestos no es el camino”, sentenció.
Afirmó que su administración optó por “ajustar donde hay gasto improductivo” y por una gestión “con mayor transparencia y eficiencia”. En ese sentido, vinculó la política de reclamos judiciales con la necesidad de recuperar recursos para obras estratégicas y evitar seguir dependiendo del favor político de Nación.
Fuente: Elonce
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