Redujeron la pena a Torres Otarola pero ratifican su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

La Cámara Penal de Trelew confirmó parcialmente la sentencia contra Cecilia Torres Otarola por fraude al Estado. La ex ministra de Familia fue absuelta por uno de los hechos, pero se sostuvieron otras tres imputaciones. La nueva pena será de dos años y ocho meses de prisión en suspenso.

Los jueces Alejandro Defranco, César Zaratiegui y Roberto Barrios firmaron la resolución conocida esta semana. La causa investigaba una serie de maniobras fraudulentas vinculadas a la administración de fondos públicos. La funcionaria fue considerada autora de exacciones ilegales y defraudación.

Además de la prisión en suspenso, se le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa sanción fue ratificada en todos sus términos y no admite revisión futura. También deberá pagar las costas del proceso judicial.

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El tribunal revocó parcialmente la sentencia original tras hacer lugar a una impugnación de la defensa. La medida benefició también a Silvana Cañumil, que fue absuelta en uno de los hechos atribuidos. Ambas habían cuestionado la totalidad de las acusaciones.

Para el resto de los condenados, la Cámara decidió rechazar los planteos presentados por sus abogados defensores. La sentencia de primera instancia quedó firme en los puntos que involucran a Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Reto Trelles. Sus condenas seguirán tal como lo había dispuesto el tribunal de juicio.

La investigación probó maniobras realizadas mientras Torres Otarola ejercía funciones públicas. Entre los casos incluidos se destacaron hechos en perjuicio de Martin Sandoval, Érica Paludi y Alexis Ganga. Se trataba de contrataciones irregulares y apropiación indebida de fondos.

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El proceso penal incluyó pruebas documentales, testimonios y tareas de seguimiento contable. Las actuaciones fueron supervisadas por la Oficina Anticorrupción provincial y organismos judiciales. La sentencia original se había dictado bajo el número 27/2025.

La Cámara consideró que el caso debía ajustarse parcialmente a criterios de proporcionalidad en la pena. Por eso se aplicó una reducción de la condena, aunque se mantuvo la responsabilidad penal. La figura de autora fue ratificada para los delitos más graves.