Un acuerdo con Neuquén y Río Negro destrabó la situación de las represas

El gobierno nacional logró destrabar el conflicto con las provincias patagónicas por las represas del Comahue. Acordaron un esquema de canon hídrico que habilita el llamado a licitación para la reprivatización de cinco centrales hidroeléctricas que operaban con contratos vencidos.

Neuquén y Río Negro habían exigido su participación en la nueva etapa concesionaria de las represas. Invocaron el artículo 124 de la Constitución Nacional para reclamar el control sobre sus recursos naturales y una parte en la gestión energética regional.

La Secretaría de Energía aceptó que ambas provincias cobren un canon del 1% por el uso del agua. Este reconocimiento económico permitió el avance del proceso licitatorio, aunque sin participación accionaria de los gobiernos provinciales.

El paquete a licitar incluye las represas El Chocón, Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Planicie Banderita. Estas cinco centrales aportan cerca del 25% de la energía hidroeléctrica total del país y conforman un nodo estratégico para el sistema eléctrico.

Los contratos de operación estaban vencidos desde 2023 y fueron prorrogados de forma provisoria. Las empresas continuaron operando bajo condiciones inciertas, mientras se desarrollaba el conflicto legal y político entre Nación y las provincias.

En agosto de 2024, el presidente Javier Milei firmó el decreto 718 que redefinió el escenario. La norma ordenó reprivatizar las represas, transfirió las acciones estatales al Tesoro Nacional y descartó cualquier posibilidad de propiedad provincial.

Las provincias respondieron con legislación propia para presionar desde el control de los recursos hídricos. Neuquén estableció un canon de 0,005 dólares por metro cúbico, mientras que Río Negro exigió el 5% de la facturación bruta de las concesionarias.

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Aunque esas leyes no fueron reglamentadas, funcionaron como instrumentos de negociación ante Nación. El acuerdo final, confirmado por fuentes oficiales, fijó un canon conjunto del 2% (1% por provincia), sin participación en la propiedad accionaria.

La información fue difundida por la periodista Laura Hevia en el sitio Econojournal. El reporte indicó que el acuerdo político incluyó a los gobiernos de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, con intervención del Ministerio de Economía nacional.

La Secretaría de Energía debe resolver detalles administrativos para emitir los pliegos licitatorios. La convocatoria formal se publicará una vez que se formalicen los términos técnicos y legales del nuevo esquema de concesión.

El modelo de reprivatización incluye una cláusula de abastecimiento obligatorio a precio regulado. Las empresas adjudicatarias deberán destinar el 95% de la energía a usuarios prioritarios durante los dos primeros años de operación.

Ese bloque de energía se venderá a un precio fijado por la Secretaría de Energía. El valor estimado oscilará entre los 15 y 20 dólares por MWh, muy por debajo del costo monómico actual, que ronda los 68 dólares.

El 5% restante podrá comercializarse en el Mercado a Término (MAT) a precio libre. Ese cupo crecerá progresivamente en bloques anuales de hasta 10 puntos porcentuales, con el fin de evitar subas bruscas en tarifas.

La medida busca contener el impacto en el precio final de la electricidad. También pretende evitar aumentos excesivos de subsidios mientras se avanza hacia una mayor desregulación del sector eléctrico.

El gobernador Rolando Figueroa ratificó el reclamo por las regalías hidroeléctricas completas. Sostuvo que Nación eliminó la base imponible sobre la que se calculaban los pagos y dejó de aplicar el porcentaje sobre el total de la energía generada.

“El reclamo es para que se reconozca el 100% del valor de la energía como base de cálculo”, explicó. También expresó que Neuquén quiere percibir parte del canon en especie, con entrega directa de energía a la provincia.

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La propuesta provincial incluye abastecer parques industriales y sectores productivos. El objetivo es ofrecer tarifas diferenciadas que estimulen el desarrollo económico local y reduzcan la dependencia del sistema nacional de distribución.

Figueroa afirmó que Neuquén es una provincia energética integral con historia hidroeléctrica. “No peleamos por pelear; peleamos por lo que le corresponde a Neuquén”, declaró en referencia a la disputa por los recursos hídricos.

El proceso de reprivatización marca una etapa nueva en la gestión energética argentina. A diferencia de los años 90, el modelo actual excluye al Estado nacional y provincial de la participación directa en las empresas concesionarias.

El gobierno apunta a un mercado abierto con reglas de competencia. Solo se mantendrán regulaciones en segmentos sensibles como el consumo residencial o zonas con baja cobertura.

La concesión no contempla participación estatal en el capital accionario. Las provincias recibirán únicamente el canon por el uso del agua como compensación por el recurso natural.

Las futuras empresas concesionarias deberán operar con precios fijados solo en la primera etapa. Después podrán incorporar progresivamente mayor volumen de energía al mercado libre, según las reglas de transición.

La transición requerirá acuerdos entre las provincias y los nuevos operadores. Deberán coordinar el uso del recurso hídrico con el sistema de generación y distribución energética nacional.

La eliminación del control estatal directo fue una decisión política del Ejecutivo nacional. La medida se enmarca en la estrategia de reforma estructural del sector público impulsada por la actual administración.

La Oficina de Presupuesto y Energía respaldó la reprivatización como parte de una mayor eficiencia. El gobierno nacional sostiene que se mejorará el servicio y se reducirá la carga fiscal del Estado.

El acuerdo con las provincias evitó un litigio legal prolongado por la titularidad del recurso. También permitió avanzar con un proceso que había quedado estancado por falta de consensos mínimos.

El nuevo esquema será evaluado a partir de su impacto en la inversión. El resultado de la licitación y la implementación marcarán el éxito o el fracaso del modelo.

Las provincias mantendrán el control sobre el canon pero no sobre la operación. El desafío será lograr beneficios concretos a través del uso inteligente de los recursos obtenidos.

La licitación por las represas del Comahue será una prueba de fuego para la política energética. El Estado se retira como actor central, pero mantiene la responsabilidad de asegurar abastecimiento y equidad tarifaria.

La reconfiguración del sistema eléctrico argentino avanza con una lógica de menor intervención. El caso Comahue será el primer paso visible de una transformación estructural en el esquema de generación y control del agua.