Estafas virtuales en Chubut: Siete imputados evitarán el juicio si pagan $100 mil

En una audiencia preliminar realizada este lunes en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza penal Karina Breckle resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba por tres años a siete personas acusadas de integrar una banda dedicada a cometer estafas virtuales. Los imputados deberán pagar una suma de $100 mil cada uno como reparación económica a las víctimas y cumplir con pautas de conducta fijadas para estos casos.

La causa, impulsada por la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal de Chubut, involucra a Rocío Gisel Silva, Claudia Patricia Ávila, Cintia Anahí Ludueña, Luciana Yamila Silva, Joel Alejandro Cabrera, Cesia Micaela Leiva y Leonel Iván Cejas, todos señalados por participar de al menos cinco hechos de estafa registrados durante el año 2022.

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Originalmente, los acusados enfrentaban cargos por asociación ilícita y estafas mediante uso no autorizado de datos personales. Sin embargo, en la audiencia de hoy, sólo quedó vigente la imputación por estafas, tras la reformulación del caso por parte del fiscal Fernando Rivarola, quien no se opuso al beneficio de la probation.

Los delitos ocurrieron cuando el grupo utilizó números telefónicos aleatorios para contactar a personas en distintas zonas de Chubut, haciéndose pasar por empleados de Mercado Pago. Mediante engaños, convencían a las víctimas para instalar en sus teléfonos la aplicación TeamViewer Quick Support, que permite controlar el dispositivo de forma remota.

Una vez lograda la conexión, los estafadores guiaban a las víctimas para que abrieran sus apps bancarias y billeteras digitales. De ese modo, obtenían credenciales de acceso, generaban préstamos a nombre del titular e incluso realizaban transferencias de dinero hacia cuentas pertenecientes a la organización.

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Cada imputado aportó cuentas bancarias o billeteras virtuales para canalizar los fondos obtenidos mediante las maniobras. También se detectó una estructura interna de reparto del dinero, con funciones claramente asignadas y coordinación entre los involucrados.

La resolución judicial establece un plazo de 30 días para que los imputados realicen el depósito correspondiente. Si incumplen alguna de las condiciones impuestas, el beneficio se revocará y deberán enfrentar el juicio penal por los hechos investigados.

Con esta medida, el proceso judicial se suspende bajo vigilancia y control, pero no extingue la acción penal hasta cumplido el plazo completo y verificados los pagos y condiciones. El acuerdo se enmarca dentro de las herramientas legales contempladas en el Código Procesal Penal para delitos sin violencia física directa y con posibilidad de reparación.