Aceptaron la renuncia del juez Bailaque y quedó habilitada su detención por delitos graves

El juez federal Marcelo Bailaque ya no cuenta con inmunidad judicial tras la aceptación oficial de su renuncia por parte del Poder Ejecutivo. El anuncio lo realizó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y representa un cambio sustancial en la situación del ex magistrado. La medida habilita la ejecución de la prisión preventiva dictada por el Juzgado Federal N°4 de Rosario y confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones. El ahora ex juez está acusado de múltiples delitos, entre ellos extorsión, prevaricato, concusión, abuso de autoridad, falsedad ideológica y hasta presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que configura un cuadro de extrema gravedad institucional.

El caso genera un fuerte impacto en el ámbito judicial y político debido a la magnitud de los cargos que pesan sobre Bailaque, quien hasta hace poco ocupaba un lugar clave dentro de la estructura federal de Rosario. Según trascendió, las denuncias en su contra acumulan elementos probatorios de peso que vinculan su accionar con maniobras destinadas a beneficiar a determinados imputados, manipular causas judiciales y llevar a cabo allanamientos ilegales. La existencia de documentos presuntamente falsificados agrava la situación legal del ex magistrado, mientras que el Gobierno asegura que no intervendrá para obstaculizar la labor de la Justicia.

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La decisión de aceptar la renuncia no solo permite la detención de Bailaque, sino que implica también la pérdida de su jubilación de privilegio si es condenado con inhabilitación absoluta. Así lo recordó el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien precisó que el artículo 19 del Código Penal contempla la suspensión del beneficio jubilatorio en casos donde un funcionario público haya cometido delitos graves durante el ejercicio de sus funciones. “No hay intocables. Nuestro compromiso con la restauración moral y ética de la República es total”, afirmó Amerio, reforzando el discurso oficial del presidente Javier Milei, quien desde el inicio de su gestión viene exigiendo una depuración profunda del Poder Judicial.

El Gobierno nacional interpreta este caso como una oportunidad para marcar un cambio de época en la relación entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial. La rapidez con la que se aceptó la renuncia de Bailaque busca evitar cualquier especulación sobre complicidad o pactos de protección política. Al contrario, el mensaje transmitido desde la cartera de Justicia es el de una “reforma estructural”, que incluye medidas concretas contra magistrados sospechados de corrupción. Fuentes oficiales indicaron que se viene monitoreando con atención otros casos de jueces federales con comportamientos irregulares.

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La causa en curso avanza sobre la hipótesis de una red de corrupción enquistada en la justicia rosarina, con posibles vínculos con organizaciones narcocriminales. En ese sentido, los investigadores buscan determinar hasta dónde llegaban las conexiones del ex juez y si otros funcionarios judiciales o fuerzas de seguridad estaban involucrados en la trama. Por ahora, Bailaque es el único magistrado bajo prisión preventiva, aunque el expediente permanece bajo reserva en varios aspectos sensibles, especialmente en lo relativo a escuchas telefónicas y documentación secuestrada.

Desde el Ejecutivo se considera que este tipo de decisiones fortalecen la institucionalidad y devuelven cierta credibilidad al sistema judicial. Según expresó el ministro Cúneo Libarona, “la transparencia institucional exige decisiones firmes” cuando hay pruebas sólidas contra quienes deben impartir justicia. El funcionario evitó brindar detalles sobre otras posibles investigaciones en marcha, pero confirmó que se está trabajando para avanzar sobre casos similares que podrían salir a la luz en los próximos meses.

Fuente: NA.