El juez Gorini pidió a la Corte el decomiso de $86.000 millones a Cristina Kirchner y otros condenados

El juez federal Jorge Gorini presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pedido de decomiso patrimonial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad. La cifra base fijada por el daño económico asciende a 86.000 millones de pesos, aunque el monto final será actualizado por el cuerpo de peritos contables del máximo tribunal. El objetivo es establecer con precisión la suma que deberá ser reintegrada al Estado por la maniobra de corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, cuya gravedad fue considerada inédita en términos judiciales.

La presentación de Gorini, en su carácter de responsable de ejecutar la pena impuesta, se produce luego de que la Corte ratificara la condena de seis años de prisión para la ex mandataria. En el fallo, se consideró probada una estructura de direccionamiento sistemático de licitaciones, simulación de competencia, asignación preferencial de fondos y ausencia total de controles. Entre los restantes condenados figuran el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, todos considerados parte de una red coordinada para defraudar al Estado a través del Grupo Austral.

OTRAS NOTICIAS:

Alertan por intensas lluvias en Chubut con posibilidad de nieve en zonas elevadas

El cálculo original del perjuicio económico se sustentó en una muestra de cinco obras testigo, seleccionadas por su volumen e impacto presupuestario, incluyendo tres tramos de la Ruta Nacional 3 entre Caleta Olivia y Rada Tilly. Los peritajes revelaron sobreprecios, pagos por anticipado, incumplimientos contractuales y otros indicios de colusión empresarial. A partir de esos datos, se extrapoló una estimación general que alimentó el pedido de decomiso patrimonial. Para los jueces del Tribunal Oral Federal N.º 2, “se trata de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia del país”, según consta en la sentencia.

Entre 2003 y 2015, el 86 por ciento de las obras viales financiadas por el Estado nacional en Santa Cruz fueron adjudicadas a empresas de Báez, un dato que sirvió para sostener la existencia de un esquema de corrupción institucionalizado. El mecanismo incluía simulacros de licitación, trato privilegiado y liberación de pagos sin supervisión. El vínculo personal y político entre los acusados fue parte del eje argumental de la fiscalía, que apuntó a Cristina Kirchner como jefa de una organización ilícita que operó con total impunidad desde la cúpula del poder.

OTRAS NOTICIAS:

Argentina debería tener dos husos horarios, pero usa uno solo

El juez Gorini pidió a los peritos que definan el monto final del daño económico, considerando las actualizaciones por inflación, variaciones presupuestarias y costos reales en obras comparables. Una vez finalizado ese informe, se notificará a los condenados para que abonen sus partes proporcionales en un plazo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, se avanzará con el embargo y ejecución de bienes registrados a sus nombres. Según trascendió, ya existe un relevamiento patrimonial en curso, que incluye propiedades, sociedades y activos financieros.

El fiscal Diego Luciani, quien tuvo a cargo la acusación durante el juicio oral, presentó recientemente un informe de más de 40 páginas en el que detalla el patrimonio detectado de cada imputado. Ese documento forma parte de la base de trabajo para iniciar el proceso de ejecución, y fue remitido a la Corte para que acompañe el pedido de decomiso. La información fue confirmada por el portal Nuevo Día de Santa Cruz, que accedió a partes del contenido del informe.

OTRAS NOTICIAS:

El Mercosur inicia su cumbre con tensiones comerciales y política regional

El proceso judicial todavía no concluyó en su totalidad, ya que algunas defensas plantearon recursos que apuntan a revisar aspectos procesales. No obstante, con la sentencia firme, el camino hacia el recupero económico avanza sin mayores obstáculos, y marca un hito en cuanto a la aplicación efectiva de sanciones patrimoniales en causas de corrupción. El decomiso, en este caso, no se limita a una pena accesoria, sino que se presenta como herramienta para revertir un daño que, según la Justicia, no solo fue millonario, sino que afectó directamente la infraestructura básica del país.

En el plano político, el avance del decomiso reaviva el debate sobre la causa Vialidad, la figura de Cristina Kirchner y la posibilidad de que, además de su condena, se concrete una pérdida efectiva de bienes como parte de la sentencia. La ex presidenta permanece con prisión domiciliaria tras la ratificación de su pena, y enfrenta otras causas abiertas en la justicia federal, mientras sus defensores insisten en que todo el proceso responde a motivaciones políticas.

Fuente: NA.