
El dueño del laboratorio del fentanilo mortal tenía vínculos directos con Lázaro Báez
Actualidad07/07/2025

La muerte de más de 50 personas por intoxicación con fentanilo adulterado no sólo destapó un escándalo sanitario. Abrió una trama empresarial que conecta al laboratorio HLB con jets privados, testaferros condenados, canales de televisión, puertos del narcotráfico y la estructura financiera de Lázaro Báez. El nombre que une todo es Ariel García Furfaro, empresario argentino que pasó de fabricar medicamentos a controlar aeronaves, hangar y laboratorios sospechados en la Triple Frontera.

El epicentro de las conexiones arranca en Río Gallegos. En Libertad 141 funcionaba el cuartel general de Austral Construcciones. Allí tenía domicilio Top Air SA, empresa de vuelos privados que formaron Walter Zanzot —un contador de Báez— y la propia constructora. En 2016, la sociedad cambió su dirección legal a un departamento en Caballito: el mismo donde vivía la madre de García Furfaro. Desde ese mismo lugar operaban varias firmas de los hermanos García, incluido el laboratorio donde comenzó la producción del fentanilo adulterado.
“Top Air era de Báez, pero sus bienes fueron transferidos justo antes del decomiso a empresas ligadas a los García”, advierten fuentes judiciales. Entre esos bienes figuraban dos aviones, uno de los cuales, el Learjet LV-ZSZ, se incendió durante un despegue en el aeropuerto de San Fernando. La maniobra fue leída como un intento fallido de ocultar activos antes del secuestro judicial. El dato: el avión había sido comprado por Báez a los hermanos Juliá, conocidos por haber sido condenados por narcotráfico en España.
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A ese episodio se suman los vínculos personales. Zanzot, filmado contando fajos de dinero en La Rosadita, presidía junto a Austral Top Air y también AASSA, la empresa dueña del hangar de San Fernando donde operaban las aeronaves. En ese mismo hangar aterrizaba regularmente el Learjet 31A de García Furfaro, matrícula LV-BFE, una nave de lujo con pocos pilotos habilitados en el país. Ese avión voló varias veces a Paraguay, país donde García montó otra red de empresas farmacéuticas en medio de una zona caliente del tráfico ilegal.
El jet fue adquirido a una empresa petrolera neuquina y transferido a Adancard, sociedad que luego mutó a Adan Producciones. Desde esa firma, Ariel y Damián García intentaron entrar al canal IP, propiedad de Víctor Santa María. Aunque el proyecto fracasó en pocos meses, pagaron sueldos, contrataron periodistas y montaron una estructura paralela para operar desde la pantalla. Todo eso, mientras el laboratorio en Ramallo seguía en funcionamiento.
La historia se ensucia más en Ramallo, donde está el laboratorio de producción. A once minutos en auto, funciona PTP Group, una operadora portuaria que intenta comprar Top Air en 2015, cuando las causas por lavado arrinconaban a Báez. Aunque la operación se cayó, el nexo quedó claro: el grupo portuario tiene vínculos judiciales por contrabando y concesiones sospechosas en Zárate, San Nicolás y Paraguay. Allí se detectaron fallas graves en los controles aduaneros que favorecieron el tráfico ilegal de cargamentos.
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Además de jets y puertos, la red tenía amparo político. En noviembre de 2023, García Furfaro se reunió en Paraguay con Horacio Cartes, expresidente investigado por su cercanía con redes criminales y por beneficiar a PTP Warrant —subsidiaria del grupo— con licencias portuarias escandalosas. En paralelo, el laboratorio argentino empezaba a operar en la zona conocida como “la frontera de nadie”, donde se cruzan las rutas del tráfico de drogas, armas y precursores químicos.
El lazo con Báez siguió incluso en medio del escándalo. Cuando explotó el caso HLB, las sociedades cambiaron de manos. Formalmente, los García Furfaro transfirieron la titularidad al abogado Sebastián Nanini, quien aparece como comprador en el Boletín Oficial. Sin embargo, ejecutó una cláusula de indemnidad para cancelar la operación apenas estalló la causa. Nanini fue defensor de la exesposa y de uno de los hijos de Báez, además de operador del intendente de José C. Paz, Mario Ishii.
Ishii no es un nombre menor. Su municipio compraba miles de unidades a los laboratorios de los García, muchas veces sin licitaciones claras ni controles de calidad. La red incluía también vínculos con el Poder Judicial, contadores con causas abiertas y operadores de estructura K que todavía hoy mueven hilos en organismos sensibles.
El laboratorio que mató a 53 personas compartía domicilio, aviones y negocios con los responsables de una de las mayores tramas de lavado de dinero del país. La Justicia investiga si esas empresas también financiaron exportaciones ilegales, operaciones en la hidrovía y logística para cargamentos con precursores químicos.
El hangar, los jets, el canal de noticias, los puertos, los contratos sanitarios, los viajes a Paraguay y las muertes por fentanilo no son piezas aisladas. Son partes de una red que funcionó con naturalidad durante años, a plena luz del día, bajo el amparo de empresarios, contadores, políticos y operadores judiciales. Hoy, esa estructura comienza a desmoronarse, pero el daño ya está hecho.









