Mina Veladero
Las demoras en la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comienzan a generar tensión en San Juan. Las expectativas eran altas, sobre todo en el sector minero, pero las trabas administrativas y los requerimientos técnicos nacionales están postergando desembolsos millonarios que prometían dinamizar la economía cuyana. Las empresas Los Azules y Gualcamayo ya pusieron sobre la mesa su malestar ante la lentitud de las aprobaciones.
Desde Gualcamayo, su director ejecutivo Ricardo Martínez fue categórico: el proyecto está siendo analizado por el comité evaluador, pero no como una mera prolongación de una mina existente, sino como una nueva explotación. En noviembre se presentó una iniciativa que incluía remanentes en pilas, pero esa porción fue retirada por falta de autorización.
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Por su parte, el equipo de Los Azules mantiene una postura más moderada, aunque también reconocen demoras. Según informaron, el proyecto fue presentado el 11 de febrero y desde entonces sostienen un diálogo permanente con el Comité RIGI. “Vemos buena predisposición del Gobierno Nacional, aunque el proceso es lento y meticuloso”, indicaron.
La lentitud, según fuentes oficiales, responde a un debate técnico dentro del esquema nacional. Así lo reconoció el senador sanjuanino Bruno Olivera, quien luego de conversar con José Rolandi, vicejefe de Gabinete, dijo que se trata de “un problema de papeles”, más que de voluntad política. La traba, especialmente en el caso de Gualcamayo, gira en torno a una interpretación clave: ¿la extensión de la vida útil de una mina equivale a un nuevo proyecto?
Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan, confirmó que ambos proyectos están en etapa de análisis, y que Gualcamayo lleva una leve ventaja. Subrayó que mientras el RIGI menciona la ampliación de capacidad en sectores productivos, en minería eso se traduce en la continuidad de la explotación, lo cual requiere un aval técnico complejo.
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La interpretación de la normativa se volvió el principal cuello de botella. Los técnicos del comité RIGI, conformado por representantes de distintos ministerios, exigen información detallada, ampliaciones y validaciones que demoran los tiempos empresariales. En el caso de Gualcamayo, la propuesta no encaja fácilmente en los supuestos contemplados en la letra de la ley.
Desde el Gobierno Nacional hay señales de que el proceso no está detenido, sino avanzando a ritmo propio. Aun así, las mineras sostienen que la inversión extranjera requiere certezas, previsibilidad y agilidad, algo que hoy no encuentran. El temor es que los capitales busquen otras geografías más dinámicas.
Los Azules, uno de los yacimientos de cobre más prometedores del mundo, ya había captado la atención de fondos internacionales. Pero sin la aprobación formal en el marco del RIGI, los pasos siguientes quedan congelados. En el caso de Gualcamayo, la expectativa está puesta en que el comité flexibilice su mirada y contemple las características propias de la minería en operación.
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La provincia apuesta gran parte de su crecimiento al auge cuprífero, y por eso este freno resulta especialmente preocupante. En el fondo, se trata de un problema de interpretación jurídica y técnica que retrasa decisiones estratégicas para la región y para el país.
En este contexto, las autoridades provinciales redoblan gestiones ante Nación, buscando destrabar la situación sin modificar la normativa. El objetivo inmediato es que el comité reconozca que una extensión de vida útil puede ser equivalente a una inversión nueva cuando hay cambios sustanciales en el modelo productivo.
El RIGI fue creado con la promesa de facilitar grandes proyectos estratégicos con beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros. Pero si su implementación deriva en laberintos burocráticos, corre el riesgo de fracasar antes de consolidarse como herramienta clave.
Fuente: LMNeuquén
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