El Gobierno disolvió el Fondo del Manejo del Fuego y crece la alarma en las provincias

El Gobierno nacional confirmó la disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, una herramienta central en la lucha contra incendios forestales, mediante el Decreto 463/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida, que también alcanza a otros dos fondos fiduciarios públicos, se enmarca en una serie de reformas impulsadas desde diciembre por la administración de Javier Milei.

La decisión se ampara en la Ley 27.742, que habilita al Ejecutivo a suprimir, transformar o modificar fondos fiduciarios públicos bajo ciertas condiciones legales. El decreto fue presentado como parte de una estrategia más amplia de reorganización estatal que, según el oficialismo, busca mejorar la eficiencia de la administración pública.

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había adelantado la decisión en su habitual conferencia del lunes, donde también comunicó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. La eliminación del fondo fue oficializada al día siguiente, acelerando el calendario de reformas antes del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso.

El Fondo Nacional del Manejo del Fuego se encargaba de financiar tareas de prevención, mitigación y respuesta ante incendios, especialmente en zonas de riesgo como la Patagonia, el Litoral o el NOA. Con su eliminación, no se ha informado con claridad cómo se cubrirán estas funciones en adelante.

El decreto no especifica mecanismos alternativos para asegurar la continuidad de estas acciones, lo que provocó reacciones de alerta en sectores vinculados a la protección ambiental, organizaciones rurales y gobiernos provinciales. Las provincias más afectadas por incendios en los últimos años advierten sobre un vacío operativo peligroso.

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Especialistas en políticas ambientales cuestionaron la medida y señalaron que, sin reemplazo inmediato, se debilita la capacidad del Estado para actuar ante emergencias forestales. El fondo permitía la compra de equipos, la contratación de brigadistas y el sostenimiento de planes de contingencia en distintas regiones del país.

En paralelo, la reestructuración del Estado continúa con una velocidad inusitada. El Ejecutivo busca avanzar con todas las medidas posibles antes del vencimiento de las facultades extraordinarias que le concedió el Congreso, lo que podría dejar sin efecto nuevas reformas en pocas semanas.

Distintas ONG ambientales, como Greenpeace y Fundación Vida Silvestre, expresaron su preocupación por el retroceso que implica esta decisión, en un contexto en el que el cambio climático ha intensificado la ocurrencia de incendios rurales. Las críticas también llegaron desde legisladores de la oposición, que exigieron explicaciones.

Fuente: El Patagónico