Purga en la Procuración del Tesoro: más de 60 despidos y sospechas de filtraciones en la causa YPF
Actualidad17/07/2025
Sergio Bustos
YPF: Filtraciones y despidos.
La Procuración del Tesoro Nacional echó a más de 60 funcionarios y ejecutó una drástica reestructuración interna, mientras crece la sospecha de filtraciones en el juicio por YPF. La medida no solo sacude el esquema de abogados del Estado, sino que deja al descubierto un clima de tensión y desconfianza en el organismo que maneja causas millonarias en tribunales internacionales.
El organismo, presidido por Santiago Castro Videla, informó la medida como parte de un plan de ahorro y eficiencia operativa. En su comunicado evitó mencionar la preocupación que se vive en Casa Rosada por presuntas fugas de información hacia la contraparte en el litigio por la expropiación de la petrolera.
“La Procuración del Tesoro pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional”, anunciaron desde el organismo. A la par, confirmaron un recorte sin precedentes en su planta: más del 20% del personal fue desvinculado desde febrero.
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En paralelo, se eliminaron direcciones nacionales y se cerró la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. La nueva estructura quedará en manos de un centro más chico, con apenas un tercio del personal original, que solo se dedicará a la difusión jurídica interna.
Desde el oficialismo justifican los cambios por motivos presupuestarios. “La idea es reducir gastos, eliminar lujos jerárquicos y consolidar una gestión austera”, explicaron. Pero en los pasillos del organismo se habla de una purga selectiva.
En la Casa Rosada no niegan que hubo filtraciones sensibles. Según trascendió, partes de la estrategia legal argentina habrían llegado a manos de los demandantes. Aunque no se revelaron nombres ni documentos, la sospecha alcanza a sectores de confianza de la vieja conducción.
“El Procurador Castro Videla está haciendo una purga, estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares”, confiaron desde el Ejecutivo. La frase resume el grado de gravedad que le atribuyen al asunto.
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Los despidos incluyeron cargos técnicos y asesores jurídicos de trayectoria. Muchos de ellos participaban en causas complejas como la del fondo Burford por la estatización de YPF. El caso sigue su curso en tribunales extranjeros y la filtración de argumentos podría tener consecuencias económicas para el país.
La Procuración, que en el pasado evitó exponerse públicamente, ahora quedó en el centro de la escena. La interna entre funcionarios de carrera y el nuevo esquema de poder suma tensión a una estructura ya debilitada.
“Se reorganizan funciones superpuestas y se reasignan competencias estratégicas”, detallaron en el comunicado oficial. Desde el Gobierno aseguran que la intención es dejar atrás viejas prácticas de tercerización y avanzar hacia una gestión más autónoma.
La reducción de áreas impacta directamente en el trabajo del cuerpo de abogados del Estado. Según explicaron, se mantendrán las tareas mediante redistribución interna, evitando contratar consultoras o estudios externos.
También se eliminan gastos en comitivas y viajes oficiales. Se trata de una señal clara hacia adentro del Estado: la Procuración también debe ajustarse al nuevo orden económico.
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El juicio por YPF no es el único caso de alto impacto que gestiona la PTN. Hay otros expedientes que comprometen fondos millonarios y que requieren un blindaje informativo. La sospecha de venta de datos pone en jaque la credibilidad institucional.
Ninguna autoridad del organismo quiso hablar públicamente sobre las filtraciones. Pero fuentes cercanas al Gobierno admiten que la decisión de avanzar con los despidos masivos no se explica solo por criterios administrativos.
La disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados también genera malestar. Históricamente fue el semillero de los equipos técnicos del Estado, con peso doctrinario y prestigio jurídico. Su vaciamiento marca un cambio de época.
Con esta reestructuración, la Procuración busca mostrarse alineada con la Ley de Bases y la nueva lógica del Estado mínimo. Pero puertas adentro, crece el murmullo de que la medida es una reacción directa ante la filtración de datos clave.
El silencio oficial sobre el contenido de los archivos filtrados alimenta las versiones más graves. Algunos funcionarios creen que parte del material podría haber sido utilizado en tiempo real por la parte demandante para anticipar estrategias procesales.
Mientras tanto, Castro Videla acelera los cambios y consolida su poder interno en el organismo. En paralelo, el Gobierno monitorea con sigilo cualquier movimiento que pueda anticipar nuevas fugas o debilitar la posición internacional del país.
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