La fiscalía desestimó la denuncia contra la Corte por el fallo contra Cristina Kirchner

La denuncia contra los jueces de la Corte Suprema por el fallo que dejó firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner no avanzará. La fiscal interina María Alejandra Mángano solicitó su desestimación, al considerar que no hay elementos jurídicos ni hechos concretos que justifiquen una investigación penal.

“No puede iniciarse una investigación penal en base a suposiciones o percepciones motivadas en cuestiones sociales, políticas o ideológicas”, expresó la fiscal, quien interviene en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12. A su juicio, el planteo se sustenta en valoraciones subjetivas sobre el momento elegido por la Corte para resolver los recursos de queja en el caso Vialidad.

La denuncia había sido presentada por los abogados Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta. Afirmaron que el tribunal “resolvió el caso con asombrosa premura”, pocos días después de que la ex presidenta anunciara su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires.

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El escrito que dio origen a la causa apuntó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y los acusó de prevaricato, una figura penal que sanciona a los magistrados que dictan resoluciones contrarias al derecho. La denuncia fue registrada bajo la carátula: “Denunciado: Rosenkrantz, Carlos Fernando y otros s/ Prevaricato e infracción Art. 256 Bis”.

Para Mángano, los denunciantes no lograron identificar con precisión cuál habría sido la norma violada por los miembros del máximo tribunal. La fiscal recordó que la intervención de la Corte ocurrió en el marco de los recursos extraordinarios presentados por las defensas y que ese tipo de pronunciamiento no tenía plazos establecidos.

“La Corte fue convocada como instancia recursiva por las defensas de los acusados”, explicó la fiscal, quien también rechazó la idea de que los magistrados hubieran actuado con intencionalidad política. En su criterio, la rapidez del fallo no prueba un direccionamiento indebido ni vulnera los principios del debido proceso.

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Con este dictamen, el intento de judicializar el accionar de la Corte Suprema en el caso Vialidad queda sin sustento procesal. El pronunciamiento ahora queda en manos del juez a cargo, quien definirá si comparte la postura de la fiscal o impulsa medidas adicionales.

Fuente: NA.