
Advierten por los fondos para pagar el aumento de jubilaciones votado por el Congreso
Política20/07/2025

La ley que incrementa las jubilaciones mínimas y actualiza el bono mensual volvió a poner en discusión los límites fiscales. Aunque fue votada por amplia mayoría en el Congreso, distintas voces técnicas insisten en que no existen recursos genuinos para sostenerla sin comprometer el equilibrio presupuestario. El Ejecutivo insiste con el veto, pero el centro del debate ya no es la confrontación política, sino la pregunta que recorre despachos y economistas: ¿hay plata para pagar?

El texto aprobado establece una suba del 7,2% en los haberes y eleva el bono de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación. Ese monto alcanza a más de siete millones de personas y representa un gasto que ronda entre el 1,5% y el 2% del PBI, según los cálculos de distintos centros de análisis económico. Para el economista Carlos Pérez, de la Fundación Capital, “se trata de un número muy alto y difícil de financiar con la actual estructura presupuestaria”.
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Más allá del impacto fiscal, también se discute el efecto real sobre los haberes. Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Argentino (IDESA), explicó que “la mejora apenas devuelve los niveles de poder adquisitivo del año pasado y no repara la pérdida del 35% acumulada entre 2017 y 2023”. Además, recordó que el bono, congelado desde marzo, ya implicaba una caída del ingreso real para quienes menos cobran, incluso por encima de lo perdido durante los gobiernos anteriores.
En lo que va de 2025, el sistema previsional se rige por una fórmula que ajusta por inflación pasada, sin reconocer aumentos reales del costo de vida. Esa lógica, según Colina, mantiene congelado el deterioro. A esto se suma que el nuevo incremento no se aplicará de forma retroactiva y no reconoce lo perdido desde enero, cuando se otorgó un aumento del 12,5% frente a una inflación del 20,6%.
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Desde el CIEPP, Rafael Rofman planteó que la discusión de fondo sigue sin resolverse. En su análisis, “medidas parciales como esta generan más inequidad, sin solucionar la estructura deficiente del sistema”, al tiempo que postergan la posibilidad de construir reglas claras y sostenibles en el largo plazo. Para Rofman, la fragmentación legislativa y el uso político de la cuestión previsional terminan por debilitar cualquier intento de reforma integral.
Los mecanismos de financiamiento propuestos por la ley también generan dudas. Se propone recortar partidas de inteligencia, reducir el servicio de la deuda pública y eliminar exenciones impositivas, pero los especialistas advierten que estas medidas tienen bajo impacto recaudatorio y son difíciles de implementar. “El superávit que el Gobierno logró con un ajuste del 5% del PBI quedaría anulado”, advirtió Pérez, al señalar que la ley proyecta un gasto equivalente al margen fiscal que se buscó cuidar.
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Desde una visión distinta, Hernán Letcher, del CEPA, argumentó que los fondos sí existen si se miran los ahorros generados por el ajuste. “El recorte de subsidios triplica el costo de la mejora previsional y el recorte a provincias lo duplica. Aún con estos aumentos, el resultado fiscal de mayo seguiría siendo superavitario”, afirmó. También sostuvo que muchas partidas del presupuesto actual no tienen respaldo, producto de la prórroga del Presupuesto 2023 en un contexto de alta inflación.
El Gobierno mantiene su estrategia de ajuste como herramienta central para reducir la inflación, pero las presiones sociales y políticas ganan terreno. La ley no contempla una mejora de fondo ni un esquema de recuperación progresiva. Las jubilaciones siguen absorbiendo el ajuste fiscal, mientras el sistema arrastra una moratoria vencida, una informalidad que supera el 42% y una Corte Suprema que aún no se pronunció sobre los reclamos acumulados por la pérdida de haberes.
Fuente: Clarín









