El Gobierno modificó el sistema de agua y avanza con la privatización de AySA

El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que reconfigura por completo el marco legal del servicio público de agua y cloacas. La medida apunta a abrir el camino a la privatización de AySA, declarada “sujeta a privatización” por la Ley de Bases Nº 27.742. El texto oficial, publicado como DNU 493/2025, modifica más de un centenar de artículos de la normativa anterior, vigente desde 2006.

Entre los cambios más relevantes, se establece que la operadora podrá financiarse con los ingresos que perciba, cortar el servicio por falta de pago y comercializar excedentes previa autorización. También se incorpora un nuevo “Plan Director de Mejora Estratégica” que prioriza inversiones de infraestructura, y se prevé un período de transición de hasta cinco años tras la privatización para asegurar la estabilidad contractual.

El Gobierno argumentó que la decisión responde a la “profunda crisis económica” y al “deterioro operativo y financiero” de AySA. Según cifras oficiales, entre 2006 y 2023 la empresa recibió US$13.400 millones del Tesoro, sin lograr mejoras sustanciales en productividad ni una expansión adecuada de la cobertura.

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El nuevo esquema regulatorio habilita la venta total o parcial del 90% del capital de AySA, actualmente en manos del Estado. Esta operación podrá realizarse bajo el paraguas de la Ley 23.696 de Reforma del Estado, y será el Ministerio de Economía el encargado de su implementación.

La administración libertaria sostiene que el modelo estatal vigente no es viable ni funcional. En los fundamentos del decreto, se afirma que “no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia”, y se justifica la urgencia de contar con inversiones inmediatas para evitar el colapso del servicio.

El texto fue aprobado en acuerdo general de ministros y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Ese organismo deberá pronunciarse sobre la validez del DNU, aunque su aplicación no queda supeditada a ese dictamen en lo inmediato, lo que genera críticas desde sectores políticos y gremiales.

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La medida generó reacciones dispares en distintos sectores, en especial por la posibilidad de que aumenten tarifas o se recorten subsidios. La comercialización de excedentes y la habilitación del corte por mora ya provocaron advertencias por parte de asociaciones de consumidores.

Con este decreto, el Gobierno avanza en su plan de reorganizar empresas públicas y reducir el gasto estatal, poniendo el acento en los servicios básicos. AySA es una de las compañías con mayor volumen de presupuesto y abarca el servicio de agua y cloacas en Buenos Aires y el conurbano, donde reside cerca del 40% de la población del país.

Fuente: NA.